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El Salvador

El Salvador (616)

Buscan a militares salvadoreños acusados por masacre en la UCA

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La Policía Nacional Civil del Salvador confirmó la captura de cuatro militares reclamados por la Audiencia Nacional de España por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas domésticas el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en San Salvador.

Las autoridades informaron de la captura del sargento Tomás Zárpate de Castillo, del subteniente José Antonio Ramiro Ávalos Vargas y del coronel Guillermo Alfredo Benavides, exdirector de la Escuela Militar.

La detención de los militares tiene lugar un mes después de que el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España reiterara la vigencia de una alerta roja emitida a la Interpol con difusión internacional para su captura.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en el marco de la guerra civil (1980-1992), los militares asesinaron en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana a varias personas. Las víctimas fueron, las empleadas domésticas salvadoreñas Elba Ramos ,Celina Ramos y los españoles Ignacio Ellacuría, rector de la universidad, Ignacio Martín-Baró, vicerrector académico, Segundo Montes, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Juan Ramón Moreno, director de la biblioteca de teología, Amando López, profesor de filosofía, y el salvadoreño Joaquín López y López.

Continua el despliegue de la División Central de Investigaciones (DCI) incluye allanamientos a las residencias para ubicar al general Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, exdirector de la extinta Policía Nacional (PN). También fueron allanadas, en la colonia militar Manuel José Arce, las residencias del general Francisco Elena Fuentes y del coronel Joaquín Arnoldo Cerna. Además, el dispositivo se trasladó hasta la residencia del exministro de Defensa, general Juan Orlando Zepeda.

El juez de la Audiencia Nacional español, Eloy Velasco, reiteró el 5 de enero la orden de detención por delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad contra los militares para poder pedir su extradición a España. Entre los solicitados está el excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano,quien cumplía en El Salvador una condena por fraude migratorio, cuya extradición fue solicitada por España a EE.U.U y concedida el 5 de febrero.

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El Salvador: Presidente de la República pide perdón a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos

El pasado sábado El Salvador conmemoró el 24 aniversario de la firma de los acuerdos, hecho que marcó una nueva etapa para el país que vivió doce años de una cruel guerra que dejó miles de víctimas. 


Como parte de su discurso en el marco de la conmemoración de la firma de los acuerdos de Paz, el Presidente de la República y firmante de la Paz, Salvador Sánchez Cerén, pidió perdón a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante la guerra civil.
 
El mandatario se comprometió a que este tipo de hechos que dejaron miles de personas fallecidas y otros cientos de desaparecidos, no se volverán a repetir. Cabe destacar que actual Presidente salvadoreño fue uno de los principales comandantes de la guerrilla que lucharon por lograr condiciones más justas para la población.

 

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ReDCo denuncia manipulaciones de ASDER y aclara puntos importante de resolución sobre Ley de Telecomunicaciones

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una resolución aclaratoria sobre una inconstitucionalidad de la Ley de Telecomunicaciones.
Redco- Aclara
Representantes de la Red por el Derecho a la Comunicación (RedCo), expresaron que algunas organizaciones y empresas de telecomunicaciones pretenden crear confusión en la población al sacar de contexto algunos aspectos de la resolución aclaratoria.

"Grandes medios de comunicación que por muchos años han tenido el monopolio de la información, violentando el derecho humano a la información, tratan de dar un mensaje que no es el real, no es lo que contiene esta resolución aclaratoria de la Sala de lo Constitucional", dijo Margarita Posada, miembro de RedCo.

La resolución plantea cuatro aclaraciones importantes, entre ellas reitera que en el proceso de digitalización la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) deberá "respetar los derechos de lo concesionarios que migren a otras frecuencias, el ancho de banda originalmente otorgado y los derechos de explotación que se deriven".

Representantes de RedCo aclararon que lo anterior no implica que los actuales concesionarios tengan derechos adquiridos automáticamente a disponer de más frecuencias o canales completos.

Roberto Rugamas, miembro de RedCo, explicó que la resolución aclaratoria no supone un derecho a la propiedad del espectro utilizado, sino a la seguridad jurídica de mantener sus emisiones en condiciones iguales o similares a como los actuales concesionarios las han desarrollado.

Asimismo, RedCo denunció que algunas organizaciones y empresas difunden que la concesión del espectro radioeléctrico es automática, lo cual no es cierto, ya que la resolución aclaratoria establece que los concesionarios deberán someterse a un proceso para renovar la misma.

"Habrán controles y previas verificaciones de la SIGET como en cualquier país democrático, porque el espectro radioeléctrico es un bien esencial para la colectividad, administrado públicamente por el Estado, los concesionarios son prestadores de un servicio por un período determinado", explicó Rugamas.

Por lo cual, RedCo instó a los diputados de la Asamblea Legislativa a crear o reformar las leyes referentes a las telecomunicaciones.

"Ahora resulta que se sienten atados de manos por la sentencia de la Sala y no pueden llegar más allá. Los diputados están en la obligación de dotar al país de una norma moderna que incorpore tecnologías de información y comunicación", argumentó Rugamas.

RedCo consideró que la resolución aclaratoria "devuelve la capacidad contralora a la SIGET y dice que hay seguridad jurídica que no es lo mismo que un derecho adquirido absoluto y total como si los concesionarios se hubiesen vuelto dueños del espectro", enfatizó Rugamas.
 
Con información de Diario Co-Latino 
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Sala aclara sentencia sobre Ley de Telecomunicaciones y seguirá en debate legislativo

Leonel Herrera, presidente de ARPAS, afirmó que la ReDCo se siente satisfecha de que la Asamblea Legislativa haya retirado el dictamen con reformas seriamente cuestionadas a la Ley de Telecomunicaciones en la última sesión plenaria. De igual manera, ven con buenos ojos la aclaración que hizo la Sala de lo Constitucional de reformar integralmente la Ley de Telecomunicaciones y fortalecer el rol de la SIGET.
Redco- ElS
“Me parece un acto de sensatez y prudencia que ese dictamen propuesto regrese a la Comisión para mejorarlo y que se trabaje en una propuesta de reforma con todos los insumos que se le han presentado, del Ejecutivo, de la SIGET, del Relator de Libertad de Expresión, entre otros”, explicó Herrera.

Según los representantes de la ReDCo, las reformas no respondían al mandato que había dado la Sala de lo Constitucional en el sentido de promover el pluralismo informativo y el acceso de otros sectores al espectro radioeléctrico que no habían tenido antes contrario a los estándares de libertades de expresión y contrario a la necesidad del país de hacer una profunda actualización, modernización y democratización del marco normativo de las telecomunicaciones.

Las organizaciones reiteran su llamado a los legisladores a incorporar en las reformas los estándares internacionales que existen sobre el tema y los aportes que el Relator de Libertad de Expresión hace sobre la materia y que el Estado está en la obligación de hacer cumplir en sus marcos normativos internos, tales como el reconocimiento de los medios comunitarios, públicos y privados dentro del espectro radioeléctrico.

“Hay una intención de algunos sectores de querer dar por cerrado un debate que apenas comienza, el país debe entrar en un debate amplio sobre los cambios que deben hacerse en el marco normativo de las comunicaciones por las nuevas realidades tecnológicas con las que se cuenta”, dijo Herrera.

Preliminarmente también valoraron la resolución aclaratoria que hizo la Sala de lo Constitucional sobre la sentencia de inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Telecomunicaciones.

Aclaraciones de la Sala

La primera aclaración que hace la Sala es que en el proceso de migración hacia el sistema digital se deben respetar los derechos de los concesionarios, así como el ancho de banda originalmente otorgado, sin que ello implique que tienen un derecho adquirido “automáticamente” de disponer de más canales o frecuencias completas adicionales a las que originalmente les fueron otorgados. 

Esto no supone el derecho a la propiedad del espectro utilizado, sino a la seguridad jurídica de mantener sus emisiones en condiciones iguales o similares a las que venían desarrollando.

Para Herrera esto significa que en el futuro sistema digital se mantendrían sus mismos canales o frecuencias que los concesionarios tienen ahora, pero que la SIGET bien podría establecer que otros canales o frecuencias que se generen en un mismo ancho de banda del cual el concesionario es titular puedan ser utilizados para que emitan otros operadores. 

Esta medida dependerá de la voluntad en la Asamblea Legislativa de reformar la Ley de Telecomunicaciones en este sentido.

Esto da la pauta para aprovechar el ingreso de nuevos operadores en el espectro para garantizar una mayor diversidad y pluralismo mediático, respetando el derecho que ya tienen los concesionarios actuales quienes no perderán sus canales y frecuencias.

También, la aclaración reitera que las concesiones actuales tienen el derecho a una prórroga por un período más, previo a la verificación de la SIGET del cumplimiento de lo establecido por la ley, lo que implica que la prórroga no es automática, ya que ha sido declarada inconstitucional. Si en el proceso de verificación la SIGET valora que un concesionario no está cumpliendo con la ley no se podría renovar la concesión.

La tercera aclaración complementaria de la anterior es que el derecho de la prórroga no implicará la sustracción de controles que en el futuro establezca la SIGET como ente regulador de la administración y gestión del espectro radioeléctrico. 

Una concesión, de darse el caso que incumple con lo establecido en la ley, puede quedarse sin su renovación después de 20 años, o incluso, se le puede suspender su concesión si el gobierno establece otras condiciones de regulación, se tendrán que someter a los nuevos lineamientos.

La cuarta aclaración establece que si bien la sentencia no le mandata a la Asamblea Legislativa a reformar la Ley de Competencia ni la Ley de Telecomunicaciones para establecer mecanismos que verifiquen la concentración de medios, eso no impide que la misma tome en cuenta las recomendaciones de la Superintendencia de Competencias para evitar la concentración mediática y garantizar la competencia comunicacional. 

“La Asamblea Legislativa tiene la facultad de hacer todas las reformas legales que considere pertinentes, aunque la Sala no lo establezca”, sentenció Herrera.

Es decir, la Asamblea deberá realizar las adecuaciones pertinentes de los cuerpos normativos anteriormente señalados para evitar concentraciones injustificadas del espectro radioeléctrico, tanto en las que se originen en el proceso de adjudicación como en aquellas que se den por transferencias de derecho de explotación.  
 
Con información de Transparencia Activa 
 
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Querella lamenta resolución que favorece al ex presidente Francisco Flores

La Cámara Primero de lo Penal decretó nulidad parcial contra el ex presidente Francisco Flores, por lo que eliminó el delito de Lavado de Dinero y Activos. El imputado enfrentará juicio solo por los tres delitos solicitados por la Fiscalía General de la República (FGR).
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La Cámara favoreció al expresidente Francisco Flores, al quitarle el delito de lavado de dinero, para que quede en libertad cuando se enfrente a los tribunales de Sentencia. Foto Diario Co Latino / Archivo
 
Flores era acusado de peculado, enriquecimiento ilícito, desobediencia a particulares y Lavado de Dinero, este último delito sería la razón por la que el Juez Miguel García decretó detención provisional en su contra.

La Cámara, por su parte, decretó que es ilegal imponer el delito de Lavado de Dinero contra Flores, debido a que no fue presentada en el requerimiento de la Fiscalía General de la República.

En su resolución, los magistrados de la Cámara emitieron más de cien consideraciones que beneficiaron al imputado y anula la resolución del Juez de incluir el delito de Lavado de Dinero, solicitado por los abogados de la querella.

Por el delito de lavado de dinero y activos se declaró una "nulidad absoluta parcial", lo que significa que en la próxima vista pública, el 18 de enero de 2016, el Tribunal Quinto de Sentencia solo conocerá el caso por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia de particulares.

La Cámara desestimó la resolución del Juez Miguel García, y al eliminar el delito de lavado, ya no contaba "con fundamentos para la detención provisional", y ordenó que el imputado Francisco Flores vuelva a arresto domiciliar.

En el artículo 331 del Código Procesal Penal establece que "No procederá aplicar medidas alternas ni sustituir detención provisional, los delitos contemplados en la Ley contra Lavado de Dinero", razonamiento en la que se basó el juzgador para enviarlo a prisión preventiva.

"El argumento que fue esencial para cambiar la medida cautelar de arresto domiciliario, ya no tiene ningún fundamento jurídico, por lo tanto, deberá revocarse la detención provisional en contra de Francisco Flores, debiendo continuar en arresto domiciliar", establece la resolución.

Fuentes judiciales aclararon que pese a la revocatoria, el ex mandatario se mantendrá en prisión hasta el lunes próximo, porque las notificaciones llegaron en horas no laborales al Juzgado Séptimo de Instrucción.

Querella Lamenta resolución

Los abogados de la querella, reaccionaron  tras conocer la resolución de la Cámara Primero de lo Penal, la cual lamentaron por considerarla que no está apegada a derecho, puesto que contiene incongruencias e irregularidades que deben ser sujetas a investigación.

"La Cámara se extralimitó en lo resuelto, pues el recurso formulado por la defensa únicamente versaba sobre la detención provisional, lo que implica una violación al principio de congruencia procesal", explicó la abogada Bertha Deleón.

De acuerdo a los abogados de la querella, la Cámara basa su resolución en la omisión de la Fiscalía desde la presentación del requerimiento. Esta situación vulnera la resolución de la Sala de lo Constitucional en la que establece que los juzgadores pueden efectuar cambios en la calificación jurídica de los delitos "con la única salvedad que lo advierten oportunamente a las partes".

A principios de este año, el Juez Miguel García advirtió a todas las partes, sobre la posible inclusión del delito de lavado de dinero, aclarando que lo hacía por garantizar el derecho a defensa del procesado.

Finalmente, los abogados de la querella aseguraron que analizarán la resolución para presentar un recurso contra la decisión de la Cámara, en la que esperan revocar ante una instancia superior la nulidad del delito de Lavado de Dinero.

Y es que dentro de la audiencia Preliminar, el Juez Miguel García especificó que el Ex presidente Francisco Flores habría realizado acciones de Lavado de Dinero, al permitir que los fondos donados por China Taiwán pasaran a cuentas bancarias del Centro de Estudio Rodríguez Porth, en Costa Rica, y luego volver a El Salvador a cuentas especiales del partido ARENA.

Con la nulidad del delito de Lavado de Dinero, el proceso contra Francisco Flores cambia, puesto que la orden del Juez Miguel García de investigar a otros posibles involucrados, queda sin fundamento.

Asimismo, con la nulidad no se incorporará el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) ni los informes del FINCEN, los cuales demostrarían los vínculos del ex presidente Flores con el delito de Lavado de Dinero.
 
Con información de Diario Co-Latino 
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Cumbre del SICA: presidentes centroamericanos se reúnen con el tema migración en el centro de la escena

La cumbre del Sistema para la Integración Centroamericana (SICA), que se desarrollará hoy viernes en El Salvador, se centrará en el traspaso de la Presidencia pro témpore de la organización a Honduras, aunque asuntos regionales como la migración prometen cobrar protagonismo.
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Los mandatarios aseguraron que abordarán otros asuntos, como la crisis de más de 6 mil cubanos varados en Costa Rica que buscan llegar a Estados Unidos (EE.UU.) o tratados aduaneros y comerciales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño informó que habrá representantes de todos los países del SICA.

El Gobierno panameño anunció que el país estará representado por la vicepresidenta del Ejecutivo, Isabel Saint Malo, quien sustituye al presidente Juan Carlos Varela para el evento.

Igualmente informaron que Guatemala estará representada por el presidente, Alejandro Maldonado, quien pretende abordar asuntos relacionados con tratados comerciales y unión aduanera.

En representación de Nicaragua, Belice y República Dominicana, se espera la asistencia de sus respectivos dirigentes, Daniel Ortega, Dean Barrow y Danilo Medina, aunque la Cancillería salvadoreña no pudo confirmar con total seguridad su presencia en la reunión.

Solís aprovecha reunión del SICA para hablar de cubanos

El gobierno de Costa Rica llevará a la mesa de discusión de la XLVI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el tema de los casi 5 mil cubanos migrantes varados en nuestro país.

Este ha sido un tema que Luis Guillermo Solís, presidente de la República ha mantenido en reuniones con líderes regionales, como con Raúl Castro, presidente de Cuba y en este momento con Orlando Hernández, presidente de Honduras.

Además de estos temas, la Cumbre tiene en la agenda de discusión los informes sectoriales sobre la integración en el segundo semestre de 2015 y la presentación de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y la Competitividad, con énfasis en la Gestión Coordinada de fronteras.

También, Salvador Sánchez, presidente de El Salvador, entregará la Presidencia Pro Tempore a Orlando Hernández, presidente de Honduras.

La reunión se llevará a cabo hoy en El Salvador.
 
Texto tomado de NODAL 
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PDDH insta a Asamblea considerar estándares de CIDH en reformas a Ley de Telecomunicaciones

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, instó a la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa encargada de reformar la Ley de Telecomunicaciones, a considerar los estándares sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dar cumplimiento a la Sentencia de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia.
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A través de un comunicado el Procurador recordó que las consideraciones de la CIDH sobre la asignación de frecuencias de radio y televisión tienen "un impacto definitivo" sobre el derecho a la libertad de expresión tanto en el sentido de exponer y recibir ideas diversas, como para quienes solicitan acceso a las frecuencias.

"Para promover la diversidad y el pluralismo en los medios, se requiere el reconocimiento de los tres sectores (comercial, público y comunitario) en la radiodifusión, y la reserva de parte del espectro destinado a la televisión digital para las iniciativas comunitarias y otras sinfines de lucro", reza parte de la misiva.

Morales también pidió a los diputados y las diputadas que en las reformas a la referida legislación se considere el principio de pluralismo informativo, mandatado por la Sala a través de su fallo. "La aprobación de una reforma que ignore estas garantías, podría dar lugar a demandas inconstitucionales", agrega el comunicado.

Asimismo, el procurador se mostró preocupado por las denuncias hechas por las organizaciones que conforman la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) sobre las propuestas de reformas discutidas en la comisión legislativa, que contrario a reconocer a los medios comunitarios les denomina como "frecuencias locales" y establece que "no podrán transferirse ni comercializar, no generarán derechos, ningún concesionario podrá tener más de una y cuando alguien renuncie a su concesión ésta sólo podrá reasignarse siete años después".

De ser aprobadas esas reformas, según el Procurador, se violentaría el derecho humano a la libertad de expresión y se ignorarían los estándares internacionales para democratizar las comunicaciones.

Finalmente la Procuraduría de Derechos Humanos exhortó a la Sala de lo Constitucional a considerar los estándares internacionales que garanticen la libertad de expresión, en su sentencia aclaratoria sobre la Ley de Telecomunicaciones.
 
Más información en http://arpas.org.sv/incidencia
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Debate serio y reforma incluyente a Ley de Telecomunicaciones, exige ReDCo

En El Salvador, la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) presentó un escrito a la Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa que estudia reformas a la Ley de Telecomunicaciones, en el que pide un debate serio y una reforma que incluya los aportes de todas las organizaciones e instituciones que han participado en el debate.
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Fotografía retomada de: @EnfoquesSV

Las organizaciones piden que la Comisión continúe su trabajo y para reformar la legislación retome la propuesta presentada por el Ejecutivo, lo expuesto por el Superintendente de Competencia y la titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), las propuestas de la ReDCo y los estándares de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referidos por el Relator en una carta enviada recientemente al Estado salvadoreño.

Roberto Rugamas, miembro del Colectivo Oveja Negra y abogado de la ReDCo, exigió que "la comisión vuelva al estudio de todas las piezas que se le han presentado y descarte un anteproyecto presentado por el Partido de Concertación Nacional (PCN) que contradice algunos aspectos básicos que la Sala ordenó en su sentencia".

La semana pasada diputados de ARENA, GANA, y PCN emitieron dictamen favorable sobre las propuestas de reformas presentadas por éste último; sin embargo no fueron aprobadas en el pleno luego que GANA retirara el respaldo.

"Ya existe la intención dentro de la comisión de aprobar reformas que son cosméticas y violatorias del derecho internacional y de la Constitución porque imponen una serie de restricciones para los medios comunitarios", señaló Rugamas.

La ReDCo llegará hoy a la comisión Ad Hoc del parlamento para presenciar el debate sobre las reformas a la Ley de Telecomunicaciones.
 
Más información en http://arpas.org.sv/incidencia 
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ReDCo exige a Sala Constitucional rectifique sentencia sobre Ley de Telecomunicaciones

La próxima semana la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, podría emitir una resolución aclaratoria de la Sentencia de inconstitucionalidad sobre la Ley de Telecomunicaciones, según lo dijo este miércoles el magistrado Sidney Blanco. Tras ese anuncio la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), quien solicitó la aclaración, pidió este viernes, a través de un escrito, que la Sala rectifique algunos aspectos de la sentencia.
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El primer elemento que le preocupa a la ReDCo es que, pese a que la Sala declaró inconstitucional la renovación automática de las frecuencias, ésta avala que las actuales concesiones se renueven por un período más sin ningún proceso de revisión de la SIGET, según lo explicó Leonel Herrera, director de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS).

"O sea que automáticamente les otorga otros 20 años más sin establecer ningún requisito, sin verificar el estado actual de las concesiones, etc. En ese sentido la Sala violenta su propia sentencia", criticó Herrera.

El segundo es que la Sala predetermina que en el futuro sistema digital se mantengan los mismos anchos de banda, pese a la multiplicación de canales y frecuencias que ese proceso permitirá.

"Se generará una concentración de medios todavía mayor, si la Sala no corrige, porque el que ahora tiene una frecuencia o un canal, allá va a poder tener 5 o el número por el que se multiplique en el nuevo dividendo digital", explicó.

La ReDCo también cuestionó que el magistrado constitucionalista, Florentín Meléndez, haya sido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando se crearon los parámetros de libertad de expresión y aún así la Sala no los haya considerado en su sentencia.

"Nos pareció oportuno venir y reiterarle la demanda a los magistrados, que rectifiquen, que corrijan los errores que han cometido en la sentencia porque es un grave daño a la democracia del país", enfatizó Herrera.

Recientemente el Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, envió una carta al Estado salvadoreño en la que se mostró preocupado porque la Sala haya establecido que "la prórroga automática de las licencias es un 'derecho adquirido´ de los actuales concesionarios, y en consecuencia, que los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad no pueden alterar una próxima renovación o prórroga del plazo de los actuales concesionarios".

El Relator agregó en la misiva que existe una "mayor preocupación" con la pronta digitalización de la televisión en el país y recordó que "la Relatoría ha expresado que uno de los objetivos del proceso de implementación de la televisión digital debería ser lograr un sistema de medios televisivo más diverso y plural que el existente con las tecnologías analógicas".

La ReDCo incorporó una copia de la carta del Relator en el escrito presentado a la Sala.
 
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Relator de CIDH preocupado por sentencia de Sala Constitucional sobre Ley de Telecomunicaciones

El Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, envió una carta al Estado salvadoreño en la que, entre otras cosas, muestra su preocupación porque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pese a haber declarado inconstitucional la renovación automática de las frecuencias, estableció que la misma es un "derecho adquirido" de los actuales concesionarios, lo que implicaría que estos puedan renovar por 20 años más su licencia.
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Edison Lanza, Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

La Sala argumentó en su sentencia que las prórrogas automáticas implican "un obstáculo para la democratización de los medios informativos", sin embargo garantizó que los actuales concesionarios puedan renovar su concesión automáticamente.

"La noción de 'derechos adquiridos' no debe suponer un derecho a la propiedad del espectro utilizado, sino la seguridad jurídica de mantener sus emisiones de televisión en condiciones iguales o similares a como las venía desarrollando, en otro sector del espectro destinado a servicios de televisión, según los planes técnicos nacionales", reza parte de la misiva.

Según el Relator esta decisión representa una "mayor preocupación", pues no considera la inminente digitalización de la televisión abierta prevista para 2018. Este proceso permitirá la multiplicación de canales, que con la vigencia de la actual Ley de Telecomunicaciones, provocaría una mayor concentración mediática.

"Que el Estado deba asegurar la continuidad de las transmisiones de los operadores existentes en el nuevo entorno digital no significa, necesariamente, que tengan un derecho adquirido a acceder a un nuevo canal o frecuencia completo para su uso exclusivo, de manera automática, sin concurso y sin costos", expuso el Relator.

Lanza recordó que la Relatoría ha establecido que uno de los propósitos de la implementación de la televisión digital es representar una posibilidad de generar un sistema de medios "más diverso y plural que el existente con las tecnologías analógicas".

El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que los monopolios u oligopolios "conspiran" contra la democracia.

La carta del Relator fue enviada en el marco de la discusión de la comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa que discute las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, tras la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 29 de julio, a quienes el relator dirigió la misiva, así como al secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.

El Relator también solicitó en un plazo de 30 días, a partir de la recepción de la correspondencia, que se le envíe información sobre los avances en la discusión de las reformas. Asimismo, se pone a disposición para brindar asistencia técnica al Parlamento salvadoreño.
 
Más información en http://arpas.org.sv/incidencia
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