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Honduras

Honduras (573)

Mataron Berta Cáceres líder indígena de Honduras.

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Llegaron con la complicidad de la noche, y no les tembló el pulso a los asesinos para callar la voz de una luchadora social y líder Indígena que lo dio todo por su pueblo, se trata de Berta Cáceres.

Se preparan movilizaciones sociales en Honduras para exigir justicia.

Cuentan testigos que Sicarios ingresaron al interior de su vivienda ubicada en Honduras y le quitaron la vida.

Según fuentes locales los asesinos esperaban que se durmiera para forzar las puertas de su vivienda y matarla. En el hecho, el hermano de Cáceres también resultó herido.

La coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, no dejo de luchar por su pueblo, la mataron por decir la verdad.

Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y movimientos campesinos, además era defensora de los derechos humanos.

"Existe mucha confusión de quienes estaban dentro de la vivienda y actualmente las autoridades inician las investigaciones",

La semana pasada ofreció una rueda de prensa en la que denunciaba que cuatro dirigentes de su comunidad habían sido asesinados y algunos recibieron amenazas.

Cáceres se ganó el reconocimiento de la gente al ser co-fundadora del Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y fue candidata a vicepresidente en las

La líder indígena hondureña, Berta Cáceres, asesinada durante la madrugada de este jueves fue la principal promotora de una campaña contra la construcción de una represa hidroeléctrica en el Río Gualcarque, lugar sagrado para la etnia lenca.

Su lucha le permitió adjudicarse el Premio Medioambiental Goldman, máximo reconocimiento a escala mundial para defensores del medio ambiente; pese a las constantes amenazas de agresión y muerte que hubo contra su persona, familiares y allegados.

Cáceres logró que la mayor constructora de represas a escala mundial, Sinohydro; desistiese de su participación en el proceso debido a la resistencia de las comunidades indígenas al proyecto.

Dicha represa también contaba con la participación de la Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que tenía estipulada una fuerte inversión económica para la construcción en el Río Gualcarque.

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Estados Unidos demuestra su poder para intervenir realidad política hondureña

Esta semana Estados Unidos demostró su poderío para intervenir sobrepasando el sistema de justicia hondureño y moviendo las aguas de la inestable realidad política en este país. El expresidente Rafael Leonardo Callejas ha sido solicitado en extradición por los norteamericanos y mientras sucedía esto, el embajador de ese país James Nealon intervenía directamente en el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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El analista político Raúl Pineda asegura que el caso de Callejas, quien fue acusado junto a una red de corrupción que operaba en la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), demuestra una "inédita etapa política de Honduras en la lucha contra la corrupción, impulsada por EEUU".
 
LEA ADEMÁS: Escándalo de corrupción en fútbol podría llevar a la cárcel a Callejas

Este fenómeno se materializó aún más cuando por presiones directas de Estados Unidos se hizo la reforma del artículo 102 que abrió el camino a la extradición por los delitos de crimen organizado, lavado de activos y terrorismo. “De forma apresurada, en una sesión secreta después de que de manera intempestiva el presidente de la república y del Congreso Nacional viajan a EEUU y esa noche meten la reforma”, dice Pineda. 

Puede parecer que hay una especie de “limpieza” en Honduras, uno de los países más corruptos del continente, liderada por Estados Unidos, sin embargo, de fondo está que el sistema hondureño no responde por sí mismo. 

“Esto refleja lo que ha pasado con los 8 extraditados anteriormente, que pese a que en EEUU eran acusados por estar involucrados en actividades de narcotráfico, en Honduras no hubo ningún tipo de investigación, lo que refleja la inoperancia de los entes de investigación: el Ministerio Público y policía. Por otro lado refleja la tolerancia de las autoridades del Estado con este tipo de criminales, por ejemplo a Callejas que se le acusa de sobornos internacionales, lavado de activos y venta irregular de derechos televisivos para la selección nacional a una empresa internacional, en este país no se le había investigado a este, quien además fue uno de los presidentes más corruptos del país a quien se le han dado cartas de libertad,  y que además sigue teniendo un poder fuertísimo en el país y en las instancias que deben investigar estos casos”, expresó el experto en derecho internacional Joaquín Mejía.  

Este año explotó la indignación popular en las calles por los altos niveles de corrupción e impunidad, exigiendo una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, parecida a la que en Guatemala mandó a la cárcel a un binomio presidencial por descubrirlos liderando una de las mafias más grandes de ese país. Esta petición popular no se ha cumplido y el gobierno apuesta a un ente nacional impulsado por la OEA llamado Misión de Apoyo Internacional contra la Impunidad en Honduras (MACIH). 
 
Callejas tiene un “AS” bajo la manga 

Rafael Leonardo Callejas decidió agotar el proceso de extradición en Honduras. Ha tomado la ruta larga en este proceso que podría durar hasta 6 meses y como parte de su estrategia legal, los defensores manejan la posibilidad de impugnar el auto acordado que establece el procedimiento de extradición para evitar que su defendido sea enviado a EUA.

“Es posible que impugnemos el auto acordado, estamos claros que cabe esa posibilidad, porque los delitos que supuestamente le imputan al licenciado Callejas no figuran en narcotráfico”, dijo Tito Hernández, miembro del equipo de abogados defensores del expresidente.

Pero quedarse en Honduras implica una estrategia en la que la magistrada nacionalista Edith María López podría ser pieza clave. López será la jueza natural que conocerá el caso de extradición del expresidente Rafael Leonardo Callejas. El periodista Armando Villanueva en su programa Foro del 10 en Televisión Educativa Nacional (Canal 10), dijo al respecto:

“Es cierto o no es cierto que Edith López Rivera ha sido miembro de MONARCA (el movimiento político nacionalista de Callejas)  y que el exmagistrado Nicolás García Sorto, abogado de Callejas trabajó en el bufete del papá de la magistrada, Raúl López Castro. Hay una vinculación entre la actual jueza natural Edith López Rivera y el equipo de abogados de Callejas y ella ha sido miembro de MONARCA”.

Villanueva era periodista en Diario El Heraldo durante el mandato de Rafael Leonardo Callejas en 1990, según fuentes del gremio periodístico, uno de los más allegados al gobierno del MONARCA, y quien después llegó a ser Secretario de Comunicaciones en el gobierno del también nacionalista Ricardo Maduro. 

Sin duda, el partido Nacional sufre un revés al ser uno de sus más importantes líderes acusado por la ley estadounidense pero las acciones del actual gobierno con respecto a este caso son cuestionadas por diversos analistas y políticos de oposición. 

El diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jorge Calix dice que “en Honduras hay dos leyes, una que se aplica al Partido Nacional y otra que se aplica a todos los hondureños. La dura y grosera se aplica a como dé lugar y es para el pueblo pero para los nacionalistas la ley es flexible”.

El caso que se compara con lo que ahora sucede con Callejas es el de la familia Rosenthal. “A los Rosenthal en dos días ya le habían desmantelado el banco y más de diez empresas, pero la mansión que Callejas tiene en El Hatillo no ha sido incautada  y eso como ciudadano me molesta. A Fabio Lobo más de 6 meses después de estar preso en EEUU no le han decomisado ninguna cuenta ni asegurado ningún bien, no hay trato igual, eso es lo que molesta, nadie está por encima de la ley ni siquiera un expresidente. Es terrible para la democracia, el Estado de derecho y para la ciudadanía”, agregó Calix. 

El abogado Joaquín Mejía expresó al respecto que: “se ve además como las autoridades tienen una actitud discriminatoria con los Rosenthal cuando la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) actuó de manera diligente y con  celeridad pero con Callejas ya han pasado varios días. Esto nos vuelve a confirmar que instancias como la OABI y otros entes de investigación siguen en manos de poderes políticos y económicos del país”.

El Ministerio Público ha dado a conocer a medios de comunicación nacional que en los próximos días comenzarían a actuar en base a investigaciones nacionales contra Callejas. 

Por su parte el analista Raúl Pineda asegura que aun con el poder de Callejas, su situación sigue siendo complicada porque si en Honduras se deniega la extradición, esto traería repercusiones graves para el país. “Una opción viable la marcó Yani Rosenthal al presentarse voluntariamente ante la justicia, cosa que no sucederá por la actitud que siempre ha tomado Callejas de preferir defenderse que enfrentarlos de manera directa. 

Estados Unidos tiene viejos rencores, se le canceló la visa por corrupción. Las presiones de Estados Unidos son tan fuertes que inmediatamente el gobierno de Honduras manifestó en un comunicado su voluntad de continuar la lucha contra la impunidad. Los tribunales hondureños deben colaborar con la investigación que se lleva desde EEUU”, dijo. 

Por su parte el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, dijo a medios de comunicación nacional que “hemos escogido a una excelente juez natural para que conozca de este asunto, ella es totalmente imparcial, tiene una trayectoria brillante en los siete años que se ha desempeñado como magistrada de la Sala de lo Civil y no dudo que aplicará la ley de manera rectilínea sin atender alguna influencia de ninguna naturaleza.

Además agregó que el exgobernante Callejas podría ser objeto de medidas distintas a la prisión debido a su avanzada edad. “Es una posibilidad que se podría usar por complementariedad aplicando el Código Procesal Penal, pero eso quien lo va a determinar con toda la libertad del caso es la jueza designada”, indicó.

Elección de la nueva CSJ podría garantizar 7 años más de impunidad

El embajador de Estados Unidos, James Nealon utilizó su cuenta de Twitter para referirse al informe sobre presunta conducta irregular acerca de 24 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nealon asegura que la Junta Nominadora (que comenzó a trabajar en la elección de los nuevos magistrados desde julio de 2015) solicitó esta información al gobierno de Estados Unidos. 

Son 97 los aspirantes a magistrados que ya pasaron por el filtro de la Junta Nominadora, pero de estos, 24 son señalados por Estados Unidos. En esa lista hay 4 magistrados actuales de la CSJ que participaron en el golpe de Estado y un exmagistrado de la sala de lo constitucional, que dejó en indefensión a miles de víctimas del golpe. También hay 3 miembros del cuestionado Consejo de la Judicatura. Para la junta nominadora estos cumplieron con los requisitos para ser magistrados de la CSJ. 

“Todo el proceso de cooptación de las entidades del sector justicia y seguridad es fundamental para los grupos de poder para garantizar impunidad. Lastimosamente, salvando las excepciones de notarios y notarias con perfil decente, estos buenos perfiles podrían ser utilizados como caballo de troya para llenar la CSJ de magistrados que respondan a los intereses políticos y económicos de estos grupos de poder. A la sociedad civil nos toca denunciar y comenzar desde ya y no esperar la próxima elección para exigir una ley que establezca procesos transparentes, abiertos y donde la ciudadanía pueda tachar perfiles a magistrados de la CSJ”, dijo Joaquín Mejía. 
 
Son 97 los aspirantes a magistrados que ya pasaron por el filtro de la Junta Nominadora, pero de estos, 24 son señalados por Estados Unidos. En esa lista hay 4 magistrados actuales de la CSJ que participaron en el golpe de Estado y un exmagistrado de la sala de lo constitucional, que dejó en indefensión a miles de víctimas del golpe. También hay 3 miembros del cuestionado Consejo de la Judicatura. Para la junta nominadora estos cumplieron con los requisitos para ser magistrados de la CSJ. 

“Todo el proceso de cooptación de las entidades del sector justicia y seguridad es fundamental para los grupos de poder para garantizar impunidad. Lastimosamente, salvando las excepciones de notarios y notarias con perfil decente, estos buenos perfiles podrían ser utilizados como caballo de troya para llenar la CSJ de magistrados que respondan a los intereses políticos y económicos de estos grupos de poder. A la sociedad civil nos toca denunciar y comenzar desde ya y no esperar la próxima elección para exigir una ley que establezca procesos transparentes, abiertos y donde la ciudadanía pueda tachar perfiles a magistrados de la CSJ”, dijo Joaquín Mejía. 

Analistas coinciden que se marca una etapa nueva en Honduras con la caída de figuras como Callejas que por años han estado en un pedestal sin ser tocados por actos de corrupción.  Pero el mensaje que dejan estas acciones deja el reto a la ciudadanía y un Estado secuestrado por poderes oscuros. 
 
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2015: Año del despertar ciudadano y la ofensiva de un sistema opresor

El año 2015 trajo consigo una de las mayores sorpresas del siglo XXI: la reacción ciudadana contra la impunidad y la corrupción que se tradujo en miles de indignados e indignadas saliendo a las calles, pidiendo la renuncia del presidente y una Comisión Internacional contra la Impunidad similar a la de Guatemala. Sin embargo, Honduras no dejó de ser un país violento este año, un país con altos índices de pobreza y desempleo, y donde la clase política y empresarial se esfuerzan por mantener un sistema de impunidad inamovible, según analistas.
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Violencia
 
Honduras sigue en los peores puestos de las listas mundiales. San Pedro Sula, al norte de Honduras, por cuarto año consecutivo se impuso como la ciudad más violenta del mundo. Le siguen llamando la “capital mundial del crimen”, con una tasa de 171.20 homicidios por cada 100 mil habitantes. San Pedro Sula ha sido escenario frecuente de buena parte de las 80 masacres que en 9 meses se perpetraron en Honduras. 

"Se registran 282 víctimas en 79 escenas de homicidios múltiples y se han incrementado cuatro eventos en relación al año anterior donde se contabilizaron 75 hechos en el mismo periodo de tiempo", expresó Migdonia Ayestas a medios nacionales hace dos meses cuando presentó estas cifras sangrientas. 

Sin embargo, datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH que contabiliza los homicidios en Honduras con datos de Medicina Forense y Policía Nacional, muestran una baja de 15.1% en dicha tasa. Solamente se asesinan 14 personas diarias actualmente en Honduras. Esa violencia toma saña con las mujeres, y también se dice que Honduras es el país más peligroso para sobrevivir siendo mujer con un promedio de un femicidio cada 13 horas. 

Contar que en Honduras va reduciendo la violencia contrasta con la realidad que miles de personas viven a diario. Transportistas, pequeños comerciantes, hombres y mujeres jóvenes en zonas urbanas y rurales, cuyo nivel de riesgo ha aumentado con los años, contrarrestan las cifras. 

El experto en temas de seguridad, el doctor Joaquín Mejía dice que  la medición de esta tasa es en homicidios, no en las diversas formas de violencia que se expresan en el país que son las que causan mayor daño.

“Habría que ver si realmente hay un aumento de las desapariciones, porque esos no entran en las estadísticas oficiales que luego redundan en la tasa publicada. Por ejemplo se sabe que en algunos lugares cuando existe un homicidio, la propia comunidad no permite el levantamiento del cadáver porque saben que tiene que trasladarse a Medicina Forense de Tegucigalpa y San Pedro y ésta solo tiene cobertura de 60% a nivel nacional. Hay que ver el sub registro”, expresa.  

Actualmente en Honduras funcionan 14 fuerzas de seguridad del Estado diferentes, tanto que en muchos casos no trabajan coordinadas. Mejía asegura que hay dos elementos con el tema de seguridad que marcan la línea del actual gobierno: la militarización y la privatización de la seguridad. En 2015, de acuerdo a la ONU, en Honduras existen entre 70 mil y 150 mil guardias de seguridad frente a 12 mil policías. Un guardia por cada 103 habitantes, pero solo 1 policía por cada 1103 habitantes. Se ha demostrado que la depuración policial ha sido un fracaso, con millones de lempiras invertidos para apenas 7 expedientes de policías enviados al poder judicial. En teoría se han depurado más de 2 mil policías, pero alrededor de 1000 siguen en la policía trabajando aun cuando no salieron bien evaluados en el proceso. 

Mejía asegura que la ciudadanía sigue clamando por seguridad, sin embargo las estrategias de seguridad del gobierno son erróneas. 

“Se debe reconocer que en cuanto a golpes contra el narcotráfico  hubo avances importantes, el acuerdo de extradición con Estados Unidos por ejemplo, sin embargo hay que recordar que una verdadera política de seguridad debe tener cobertura en las diversas violencias que se viven en las calles. Cuando existen esos niveles de inseguridad, lo que tenemos es una ciudadanía de baja intensidad, con miedo a retomar el espacio público como parte de la cultura democrática. El estado de derecho no puede combatir el crimen utilizando los mecanismos de los criminales o reduciéndose a criminales, en ese sentido existen los mecanismos democráticos que son a través de políticas públicas integrales, que tengan continuidad, con normativa adecuada, un presupuesto adecuado pero lo que vemos es la tasa de seguridad que en un 70% va para los militares, sin fortalecer la investigación y la aplicación de justicia”, explicó. 

Cifras que pesan a los más empobrecidos

De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), titulado “Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad”, la región aumentó su número de personas en nivel de pobreza e indigencia como no lo hacía desde 2011.

Honduras, por su parte, ocupa el puesto número uno entre los países con mayor porcentaje de población en condición de pobreza con 60%, seguido de Guatemala (54%), México (52.3%) y Bolivia (45%).

El economista Hugo Noé Pino habla de dos aspectos en la economía hondureña que hay que analizar: el aspecto macroeconómico donde cabe destacar la continuación de la reducción del déficit fiscal que el año pasado terminaba en 4.1% este año se proyecta en 3.8%, con un nivel de inflación bajo, establecida principalmente por una reducción de los precios de los derivados del petróleo muy fuerte, más del 50%. Cifras que podrían mostrar una mejora en la economía que sigue sin reflejarse en el bolsillo de los hondureños y hondureñas más empobrecidos. 

“Casi el 70% de los 282 productos de la canasta básica han aumentado de precio, solo un 30% han mantenido reducciones. En lo que respecta al crecimiento económico sigue siendo muy moderado, 3.5% del PIB cuando el año pasado fue de 3.1% y este crecimiento no resuelve los problemas principales de Honduras. Es un crecimiento del sistema financiero, rubros de energía y telecomunicaciones que generan poco empleo, no lleva más ingresos a las familias, no resuelva el 50% de desempleo abierto o subempleo que tiene Honduras”, explicó Pino. 

A nivel microeconómico hay problemas, la capacidad adquisitiva ha reducido en las familias, y eso trae como consecuencia de que la situación de bienestar del pueblo hondureño no haya mejorado en 2015. 

La reducción del déficit fiscal que se señala como gran logro, se ha hecho en base a mayores impuestos para los pobres, mientras que existen exoneraciones fiscales a grupos de poder. “Este logro ha recaído sobre las espaldas del pueblo hondureño”, apuntó. 

El analista ha insistido que una reformulación del presupuesto es necesaria, porque la prioridad actual es defensa y seguridad que aumentó 53% para el próximo año, al ejército se le aumenta 25%  más el 60% de la tasa de seguridad va para las FFAA. “Estamos dedicando una gran cantidad de recursos en defensa y seguridad cuando ellos dicen que se reduce la violencia. Mientras educación y salud solo aumentan 19%”, concluyó. 

Débil institucionalidad

Diversos analistas coinciden en que el  panorama que se nos pinta es el fortalecimiento de las estructuras militares y la continuidad del debilitamiento institucional especialmente tras la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia que conocerá de 3 gobiernos siguientes. El debate actual de la instalación de una CICIH y la propuesta gubernamental de la MACCIH, materializan esa realidad de impunidad que quiebra al Estado por dentro y quien tiene el control sigue siendo el presidente de la república. 

El analista político Eugenio Sosa asegura que este año terminó de evidenciarse la corrupción e impunidad de una manera alarmante en el país, no solo el caso del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que fue la punta del iceberg, pero luego se fue descubriendo toda una podredumbre de corrupción e impunidad demostrada con declaraciones como la del juez Echenique, la injerencia del presidente en el Consejo de la Judicaturas a través de jueves como Teodoro Bonilla, etc.

Un reportaje realizado por Infobae demuestra que Honduras es el país con el instituto electoral con menor credibilidad en América Latina acompañados en el sótano por el Salvador y Venezuela. Este informe se presenta en el marco de un gobierno que presenta proyecto de reformas electorales y que aprueba la reelección presidencial en medio de cuestionamientos de control del presidente a los tres poderes del Estado. 

“Lo que uno ve es que no hay posibilidades de una reforma electoral seria, profunda, pueden haber cosas cosméticas, hablar de transparencia, porque así como se plantean las reglas del juego electoral, favorecen al partido en el gobierno, al presidente si siguiera aspirando a una reelección. Sumado a esto, no se avizora que queden generados candidatos idóneos para la Corte Suprema de Justicia, todas las denuncias apuntan a que dejaremos servida la mesa al presidente para que ponga la CSJ a su medida. Otro hecho que no podemos desconocer, mas allá de la subordinación de la institucionalidad y la presencia avasallante de Estados Unidos en temas de seguridad”, dijo Sosa.

Despertar ciudadano

Sin embargo, a pesar del terreno movedizo en que Honduras se encuentra, tanto en situación de violencia, inequidad, pobreza y débil institucionalidad, este año fue del despertar ciudadano y el resurgir de actores sociales. El año comenzó con la lucha de estudiantes de secundaria que se oponían a un modelo educativo antidemocrático, le siguieron los estudiantes de la universidad. La represión en ambos casos no se hizo esperar, pero de allí surge el movimiento de indignados e indignadas.

 “El año empezó con un cuestionamiento interesante cuando en enero no se aprobó la Policía militar y eso generó expectativa de una oposición política articulada, pero ahora vemos que eso está  muy lejos de poderse encontrar en una propuesta coherente”; explica Sosa. 

El analista además se pregunta ¿por qué la ciudadanía no avanzó más en cambios sustanciosos tras el movimiento de la indignación y la elección de fuerzas políticas de oposición?

“Para mí, después del golpe de Estado, los poderes en términos generales conservadores, oligárquicos de este país se han articulado comió nunca para evitar que el Estado cambie. Uno puede leer un alineamiento perfecto en torno al presidente Juan Orlando Hernández, no solo de los tres poderes controlados por él, sino de un empresariado cómplice con la impunidad, corrupción y subordinados a las ideas del presidente. Medios de comunicación timoratos y cómplices, poderes alineados como las cúpulas religiosas que dejaron a la ciudadanía sola y no podemos olvidar una embajada de Estados Unidos alineada al presidente en conjunto con una  comunidad internacional. Estos poderes ven en el liderazgo del PN como la tabla de salvación de continuidad de sus privilegios”, explica.

Los retos de la ciudadanía activa son muchos ante estos escenarios. “Hoy tenemos un movimiento ciudadano junto a la resistencia, ambos en el siglo XXI y con profundas dificultades de construir consensos internos, dificultad para dialogar internamente, plantear una verdadera propuesta de lo que queremos de la CICIH. Hay un gran malestar ciudadano pero con liderazgos que no han encontrado la forma de trascender. Los cosenos internos son más importantes que estar pidiendo diálogos externos”; finalizó. 
 
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Honduras: Escándalo de corrupción en fútbol podría llevar a la cárcel a Callejas

Algunos escapan de la justicia, otros no. Rafael Leonardo Callejas expresidente de Honduras y de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) a pesar de ser acusado por innumerables actos de corrupción en el país en los últimos 20 años, siempre encontró una salida a las denuncias que se tradujeron en cartas de libertad que le permitieron gozar de impunidad. Todo eso cambió y ahora el panorama para él es adverso.
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Para todos o casi todos el mes de diciembre es sinónimo de celebración, alegría y planificación de metas del año siguiente; para Callejas el mes era más que eso, pues el uno de diciembre celebró el aniversario de su matrimonio con su esposa Norma Regina, ese día en su red social de Facebook hizo referencia a la fecha sin imaginarse lo que estaba por venir.

Menos de 72 horas fueron suficientes para cambiar el semblante del expresidente hondureño. La mañana del jueves 3 de diciembre en Zúrich, Suiza fue detenido Alfredo Hawit, quien fungía como presidente de la Fenafuth y uno de los vicepresidentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), por suponerlo responsable de actos de corrupción a lo interno de esa institución, captura que luego se llevaría de encuentro a Callejas.

Asociación ilícita, irregularidades en los fondos por pago de derechos televisivos de transmisiones de partidos oficiales son parte de los delitos que se imputan a Hawit, quien llevaba poco tiempo al frente de la Confederación de América del Norte, Central y del Caribe de Fútbol (Concacaf).

Más de 20 funcionarios del fútbol a nivel mundial han sido detenidos por la justicia internacional, quien abrió un proceso investigativo en la FIFA por las múltiples denuncias de corrupción en esa entidad que regula el fútbol, ahora ya hay dos hondureños en esa lista, quienes están a las puertas de la cárcel.

El gobierno de Estados Unidos está pidiendo la extradición de todos los sospechosos, entre ellos Alfredo Hawit y Rafael Leonardo Callejas, el proceso está en marcha y tanto Hawit como Callejas tendrán que someterse a los procesos judiciales para alegar su inocencia o enfrentar su culpabilidad.

El fútbol no se escapa de la corrupción

"El fútbol siempre ha estado lleno de corrupción, en el mundo siempre ha sido así y Honduras no se escapa de ello, todo corresponde a un ambiente que hemos denunciado desde hace mucho tiempo y sabemos que poco a poco seguirán cayendo los demás", expresó el comentarista deportivo y presidente del Partido Anticorrupción (PAC), Salvador Nasralla.

Nasralla dijo a Radio Progreso que en Honduras los fondos en el fútbol no se han manejado con la transparencia del caso, eso genera dudas y por ende acusaciones que se traducen en capturas como las de ahora, pero de la mano de la presión internacional.

"Yo recuerdo que siempre insistí en saber qué destino tuvo el dinero de la participación de la selección en el mundial de Sudáfrica y de Brasil, pero mostraron un informe escueto que genera dudas.

Temas como ese son un ejemplo de la forma como se maneja el fútbol en el país, y quienes están al frente de ellos se vieron ligados de una u otra forma a la FIFA y ante las investigaciones en esa entidad es difícil escapar de la rendición de cuentas", siguió argumentando el comentarista.
 
En Honduras personajes del tipo de Callejas siempre han eludido la justicia. En el país no existe un sistema de justicia que aplique la ley a todos por igual y Callejas era un privilegiado. Todo lo contrario sucede cuando la presión internacional supera esas limitantes de la institucionalidad nacional, y lo vimos en el caso Rosenthal también. 

La presión del gobierno de Estados Unidos hizo que el gobierno hondureño se pronunciara en torno a la solicitud de extradición de Rafael Leonardo Callejas.

El diputado del Partido Libertad y Refundación, Jari Dixon dice: “no es extraño ver como altos funcionarios no han podido eludir la justicia, en este caso la estadounidense, y en Honduras no se pudo concretar ninguna denuncia contra Callejas. Eso evidencia el problema institucional que tenemos.

Como asociación de fiscales denunciamos y pedíamos que se le hiciera juicio a Callejas pero nunca se pudo, porque la justicia siempre estaba de lado de los grupos de poder y ahora once años después la justicia toca a su puerta y deberán responder ante sus actos.

Sabemos que ellos intentarán a toda costa evitar la extradición, claro Callejas es una pieza fundamental del Partido Nacional, pero ahora están en un escenario complicado porque con la presión de la justicia internacional las cartas en el asunto cambian.

Él debe ser capturado y extraditado hacia Estados Unidos para que se le siga el procedimiento legal correspondiente”.
 
Para el analista nacionalista Raúl Pineda Alvarado la extradición dependerá de la determinación de la Corte Suprema de Justicia y eso se definirá en los próximos días.

Además afirmó que en el contexto político esto significa un nuevo golpe al Partido Nacional pues uno de sus movimientos internos y que buscaba preparar el camino a la reelección como lo es “Monarca” se ha caído junto a su principal líder por lo tanto dejará de existir.

Rafael Callejas dijo en conferencia de prensa que se encuentra muy preocupado por todo lo que sucede y que analizará junto a su abogado las salidas que la ley le permite para defenderse ante las acusaciones que se le imputan.

Mientras que el comentarista Salvador Nasralla pronostica que en los próximos meses podrán caer más figuras ligadas al Partido Nacional y no necesariamente en el campo deportivo sino en la política nacional que es el sitio donde se concentran las principales raíces de corrupción e impunidad.

Las acusaciones contra Rafael Callejas, Alfredo Hawit y todos los dirigentes del fútbol mundial muestran el verdadero rostro de quienes se han aprovechado de la pasión de los hinchas para enriquecer sus bolsillos.
 
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Ley Electoral en Honduras sostiene sistema antidemocrático

Rodeando el problema y sin abordar puntos clave como el financiamiento, el mandato revocatorio y la representación ante el ente electoral, la clase política en Honduras sigue proponiendo parches a la actual Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
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Para el analista y escritor Julio Escoto, la ley Electoral es fundamental y debería ser una normativa más moderna pero no es así. La actual ley mantiene figuras conservadoras porque buscan defender la forma antidemocrática como hasta ahora se ha manejado la política en Honduras.

Como consecuencia del golpe de Estado ocurrido el año 2009 el escenario político cambió. Este hecho trágico y antidemocrático hizo que surgieran nuevas fuerzas políticas que ahora concentran mucho poder dentro del electorado, pero que el bipartidismo las mantiene al margen, sin ni siquiera estar representadas en el Tribunal Supremo Electoral.

"Las figuras conservadoras desde luego que no quieren hacer cambios en esa ley o crear una nueva, simplemente por una causa: quieren mantener la manera como está escrita, concebida y estructurada, ya que favorece el modelo antidemocrático de la nación. Esto se refleja en la representación que tiene el Tribunal Supremo Electoral, ese simple hecho nos dice que hay una falla onda y estructural, particularmente luego del golpe de Estado donde el panorama político se hizo más amplio", dijo Escoto.
 
Durante las casi cuatro décadas y teniendo como colchón esta legislación, se ha garantizado una democracia controlada por una clase política, quienes con trampas quieren seguir sosteniéndose en el poder. “Es una ley tradicional y bipartidista, elaborada a base de trampas y para favorecer a la dirigencia política tradicional, que junto a la oligarquía deciden quienes van o no al poder”, agregó. 
 
“Nuevas reglas del juego”

La democracia hondureña vive actualmente en una zona de riesgo y en un proceso de transición hacia una salida de la crisis política gestada con el golpe de Estado. Esta zona de riesgo está sustentada en una profunda crisis estructural de exclusiones económicas, sociales, territoriales y culturales. Pero también en una democracia electoral frágil carente de trasparencia y legitimidad, al grado que los resultados electorales entregados en las últimas contiendas electorales (2009, 2012 y 2013) han sido cuestionados por sectores significativos de la ciudadanía hondureña.

Antes del golpe de Estado existían en Honduras cinco partidos políticos legalmente inscritos: Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Demócrata Cristiano de Honduras, Partido de Innovación Nacional y Unidad Social Demócrata y el Partido Unificación Democrática.

Sin embargo, el monopolio de la competencia política real se concentraba en el histórico bipartidismo tradicional representado por los partidos Nacional y Liberal. Después del golpe de Estado emerge, desde el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) contra el golpe de Estado, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y se creó también el Partido Anticorrupción (PAC), ambos institutos políticos con capacidad de competencia electoral. Así Honduras ha pasado de un sistema de partidos políticos bipartidista a un sistema de partidos políticos pluralista, reafirma el informe“Hacia nuevas reglas del juego, en las elecciones hondureñas” elaborado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). 

Para Julio Escoto una de las reformas que requiere el país de manera urgente es el financiamiento de los institutos políticos y de las campañas electorales. “En el financiamiento, todos los sectores tienen claridad, es necesario establecer un límite de aporte por individuo, organización y empresa, pero estamos claros que la clase política no quiere porque ellos para llegar  al poder recurren a las trampas, incluido el robo del erario público. Se debe avanzar a exigirles que presenten informes mensuales de sus ingresos”. 

Para el escritor además del financiamiento se debe incluir el manejo de la propaganda. El Estado debe establecer horas de transmisión donde los diversos partidos políticos presenten sus mensajes, todo en igualdad de condiciones para propiciar una contienen justa. 

¿Reformas o nueva ley? 

Organizaciones y los partidos de la denominada oposición en Honduras plantean la aprobación de una nueva legislación. La oficialidad empuja por seguir reformando la ley para incluir algunas de las demandas de la población. 

Hasta el año 2009, la Ley Electoral aprobada en 1981, había sido objeto de más de medio centenar de reformas, por lo que en diferentes ambientes cobró fuerza la idea de una nueva normativa, pero la actual junta directiva del Congreso Nacional ha dejado claro que para la presente legislatura es difícil lograr reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas vigente, mucho menos una nueva ley. 

A finales de 2014 el Centro de Estudios para la Democracia, propuso realizar 45 reformas a la ley para ir alejándose de la manipulación y corrupción que ha estado presente en todos los procesos electorales en Honduras. 

El documento presentado a los políticos y organizaciones de sociedad civil incluía mecanismos eficaces que garantizaran los porcentajes fijados para la participación de las mujeres en las cuotas para los cargos de elección popular, al igual que mecanismos para que los partidos políticos promuevan la participación, representación, igualdad y no discriminación de los grupos sociales más excluidos en la sociedad hondureña, como las personas con discapacidad, las personas lésbicas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales y los pueblos indígenas.

Sobre el voto electrónico CESPAD creo que es necesaria su evaluación, al igual que la modernización del sistema de elaboración y entrega de tarjetas de identidad del Registro Nacional de las Personas y su despolitización de activistas.
 
Reelección 

Fue hace un año aproximadamente, cuando diputados nacionalistas más Edwin Pavón de Unificación Democrática presentaron ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad para despenalizar cualquier intención de que se discuta la reelección como lo establece la Carta Magna.

Cuatro meses después de haber presentado el recurso, en el mes de abril, la Sala de lo Constitucional emitió el histórico fallo que da luz verde a la reelección, al aprobar la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución de la República. 

La resolución fue aprobada por unanimidad, obtuvo los cinco votos de los magistrados que integran esa sala. Horas después el magistrado José Elmer Lizardo se retractó de su voto. Ahora la decisión de aprobar o no una reelección están en la cancha del Legislativo. 

Sobre este tema, Julio Escoto está claro que hay intentos de reelección de parte del actual gobierno y hay coqueteos de otros políticos que están dispuestos a sentarse nuevamente en la silla presidencial. “Luego de hacer un análisis si conviene o no una reelección en Honduras, llegué a la conclusión, como lo mencionó el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Enrique Ortez Sequeira, que una reelección únicamente le conviene a 7 personas, los 7 ex presidentes vivos que tiene Honduras. Pero realmente al pueblo Honduras no, ninguno de los ex presidentes merece estar nuevamente en el poder, todos a excepción de Manuel Zelaya Rosales, siguieron la línea neoliberal de desarrollo del país, dejaron deudas, situaciones dudosas, llevaron a su familia para mantener nepotismo, no tuvieron independencia ni mantuvieron independencia, entonces la reelección no es necesaria en el país”, concluyó diciendo Escoto. 
 
En la actual realidad hondureña no resulta fácil avanzar hacia una amplia y sustantiva reforma electoral. Sin embargo, si el país no inicia el recorrido hacia la modificación de las reglas del juego se mantendrá en una situación de crisis permanente y se asistirá a una mayor deslegitimación del sistema político.
 
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La inalcanzable canasta básica de alimentos en Honduras

Las constantes alzas al precio de los productos de la canasta básica familiar, en medio de una débil economía, donde el desempleo es una permanente, se convierte en una amenaza para las familias hondureñas que ven negadas las oportunidades de suplir sus necesidades más básicas.
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A mitad del año 2015, las autoridades del Banco Central registraron estabilidad en los 282 bienes y servicios que componen la actual canasta básica de consumo en Honduras. La realidad es distinta para Doña Reina Gómez, ella cada semana ve cómo el dinero rinde menos, los productos son cada vez más caros, lo que se traduce en menos alimentos para su familia.

Salarios vs. Canasta básica

Las proyecciones del Banco Central registran que el costo de la canasta alimenticia para diciembre 2014 era de 7,746.77 lempiras mensuales, un promedio de 249.89 lempiras diarios para un hogar de cinco personas.

Pero a mediados del año, la Asociación de Consumidores de Honduras, Aconsumih, denunció que 52 productos de la canasta básica familiar incrementaron de precio y muchos se convirtieron en inalcanzables.

Adalid Irías, presidente de la asociación dijo que con todos los incrementos a los productos de consumo popular, la canasta básica familiar en la actualidad está por los 13 mil lempiras, cuando el salario mínimo apenas llega a los 8 mil.

Irías agregó que desde su organización han calculado que las familias hondureñas únicamente pueden cubrir el 41 por ciento de la canasta básica, sin incluir el pago de servicios públicos. Una realidad que se sustenta con cifras que nos revelan que 7 de cada 10 hondureños y hondureñas viven bajo la línea de la pobreza.

Congelamiento

Esta semana el gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Económico decretó el congelamiento de 20 productos de consumo popular en esta temporada navideña. Alden Rivera, ministro del ramo dijo que la estabilidad en los productos se hizo para garantizar que las familias puedan adquirir los productos a precios accesibles.

Rivera dio a conocer la lista de los productos que a partir de esta semana deberán estar congelados. "Hemos definido que la carne el precio de la carne de res será de 38 lempiras, carne de res especial 65 lempiras, carne de cerdo 30 lempiras, tajo de cerdo 54 lempiras, chuleta 52, carne de pollo 21 lempiras, los huevo pequeños a 2 lempiras cada unidad, el huevo grande 2.40, el chile dulce entre los 3 a 5 lempiras, cebolla 10 lempiras la libra, tomate pera 10 y el manzano 12 lempiras, la libra de papa a 10, ayote por unidad a 7 lempiras, libra de café 43 lempiras, frijoles 13 la libra, harina de trigo y maíz 9 lempiras, arroz blanco 10 la libra, manteca 18 lempiras la libra, leche en bolsa 9.46 lempiras el litro, queso blanco 46 la libra, queso crema 38, mantequilla 30 lempiras, quesillo 38 la libra, azúcar 9 lempiras la libra, hojas de plátano 20 lempiras el rollo, pan molde 20 lempiras, pan bolillo (típico para elaborar las torrejas) 34 lempiras la bolsa y la rapadura de dulce a 24 la panela.
 
Luego de escuchar la lista de precios de los productos congelados por el gobierno Ramón Núñez, un señor que sobrepasa los 60 años de edad, y que diariamente se rebusca entre las calles de la ciudad de El Progreso para poder lograr el sostén de sus 5 hijos, no cree que congelar únicamente 20 productos sea garantía de llevar los frijoles y tortillas a la mesa de su hogar diariamente. 

Ramón junto a miles de hondureños y hondureñas engrosa la lista de hombres y mujeres que sobreviven de las ventas callejeras. Esa rebusca diaria, que con suerte genera entre 50 a 80 lempiras, unos 2 o 4 dólares. 

Leo recomendamos: ALTOS COSTOS DE LA CANASTA BÁSICA AFECTAN AL PUEBLO EMPOBRECIDO EN HONDURAS 

“Estamos en un gobierno cruel e inhumano, un gobierno que gobierna para una clase dominante, que no le importa los pobres. La canasta básica familiar está inalcanzable, 20 productos es más que una burla, porque el verdadero problema es el control de precios, aquí los empresarios y comerciantes hacen lo que se les antoja, amparados por un presidente que gobierna para unos pocos”, dice Gómez. 
 
En representación de los consumidores y consumidoras Adalid Irías, cree que la medida es para tapar el “ojo al macho”, porque realmente la decisión únicamente abarca el 8 por ciento de los productos de la canasta básica de alimentos. “No vemos que sea un beneficio cuando se hizo un congelamiento con precios arriba a los cotizados en las últimas semanas”. 
 
 
Nueva propuesta 

La asamblea de la Asociación de Consumidores de Honduras analizó la medida y llegó a la conclusión que es demagógica y populista, y creen que busca levantar el perfil de los funcionarios con temas que son sensitivos para la ciudadanía. 
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Además de la crítica están construyendo una propuesta que aseguran beneficiará a la mayoría de la ciudadanía. “Luego de un monitoreo y análisis hemos comprobado que hay 75  productos esenciales para los consumidores en este periodo de navidad. Estamos construyendo una propuesta que será remitida al pleno del Congreso Nacional y la Secretaría de Desarrollo Económico.  Los productos que creemos deben estar congelados los hemos categorizado en 8 apartados: 

1-carne de res 

2-carne de cerdo 

3-embutidos 

4-lacteos 

5-juegos 

6-granos básicos 

7-condumentos 

8-verduras y legumbres

Sería en las próximas semanas que llevaremos las propuestas que esperamos que los políticos aprueben si quieren lograr beneficios para la ciudadanía”, dijo Irías. 

Mientras esta propuesta es llevada al Congreso Nacional para su aprobación, Ramón sigue rifándose su vida y la de su familia en medio de un mercado voraz, avalado por los gobiernos, que diariamente provoca el empobrecimiento de miles de hondureños y hondureñas, quienes únicamente reclaman una oportunidad para lograr contar con una verdadera vida mejor. 
 
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Relatora de la ONU constató sistemáticas violaciones a pueblos indígenas en Honduras

Una semana de visita a Honduras bastó para que la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, constatara graves violaciones contra los pueblos indígenas, donde 44 nativos han sido asesinados desde 2010, ante la falta de respeto hacia sus derechos, la violencia y la impunidad que impera en el país.
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Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas

"Las historias presentadas por los pueblos indígenas las presentaré en un informe a las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que todos los países se enteren de la situación que están viviendo en Honduras", indicó la relatora mientras realizaba la visita al sector Lenca de Río Blanco, Intibucá.

"Es un logro porque ha constatado de manera personal toda la situación de exterminio que viven los indígenas en el país", indicó Berta Cáceres, ganadora del premio Goldman, uno de los más prestigiosos del mundo debido a que con su lucha logró que el gigante chino Sinohydro y el Banco Mundial abandonaran su respaldo a un polémico proyecto hidroeléctrico en Río Blanco.

La integrante de la Coordinadora de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), manifestó que con la visita de relatora se le dio vuelta a los informes mentirosos que ha entregado el gobierno y las demás instituciones públicas donde aseguran que en el país se respetan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
 
Situación crítica de indígenas   

Tras concluir la visita de nueve días a Honduras, por invitación del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, la relatora  Tauli-Corpuz indicó en rueda de prensa que en su estancia observó  en los pueblos indígenas “la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras y recursos naturales ancestrales”. 

 “He observado la situación crítica a la que se enfrentan, la falta de respeto a los derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales, la violencia, impunidad y corrupción”, dijo la relatora de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.  

Destacó que en el caso de los habitantes de la comunidad Lenca de Río Blanco ubicado en el occidente del país, enfrentan serias violaciones a los derechos fundamentales desde el año 2013 que iniciaron la lucha por la no construcción de un proyecto hidroeléctrico que privatiza su río por más de 20 años. 

La comunidad Lenca se manifestó en contra de la construcción de la represa “por los impactos a sus medios de vida y cultura. Informaron sobre grave violación a los derechos humanos, incluidos asesinatos amenazas e intimidación”, enfatizó.

“El pueblo Tolupán sobrevive por sus propios medios en las montañas, donde no llega el gobierno, a menos que sea para quitarles sus tierras”. El gobierno hondureño ratificó el convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero en nada ha servido.

El 11 de mayo del 2012, fueron asesinados cuatro miembros de la comunidad miskita en la Mosquitia hondureña en una operación supuestamente antidroga de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En el caso de las comunidades garífunas también constató el proceso de destierro que amenaza a las más de 25 comunidades ubicadas en la costa atlántica hondureña, amenazadas por megaproyectos turísticos, las municipalidades, los monocultivos de palma africana y el narco tráfico. 
 
Todo tipo de violación 

“Violaciones de derechos económicos, derechos territoriales, derechos culturales, derecho a la autodeterminación de los pueblos, el marginamiento, el nivel de criminalización de los pueblos indígenas que luchan contra las violaciones a sus derechos,  y en general el racismo con que actúa el Estado hondureño, frente a los pueblos originarios, constató la relatora”, indicó la dirigente indígena Berta Cáceres. 

Relatora Especial de la ONU visita a Rio Blanco, Honduras - UN Special Rapporteur visits Rio Blanco

https://www.youtube.com/watch?v=IK5XOhB0ZGA

Dijo que para ellos la visita representa mucho porque además las amenazas de muerte el pueblo indígena y su dirigencia  no han cesado en el país, calificado del más peligroso en todo el mundo para los defensores humanos, según un informe divulgado recientemente por Global Witness, una ONG con sede en Londres.

“El peligro lo vivió en carne propia la relatora Tauli-Corpuz, ya que mientras se conducía  a verificar la situación del pueblo Lenca de Río Blanco, fue víctima de una detención ilegal por parte de un grupo de hombres que están ligados a la  represa hidroeléctrica Agua Zarca, después de tres minutos al darse cuenta de quien se trataba la dejaron continuar el camino”, indicó Berta Cáceres. 

La relatora presentará su informe ante la ONU, luego este organismo emitirá recomendaciones al Estado hondureño. “Los últimos dos Gobiernos hondureños no han demostrado un interés en las comunidades indígenas de su país, solo acuden a ellos en tiempos electorales”, concluyó.  
 
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Con tomas de carreteras población indignada sigue lucha contra corrupción e impunidad

Desarrollamos las acciones ante la grave crisis económica, política y social que vive el país. Por la instalación de la dictadura que encabeza Juan Orlando Hernández y el grupo económico que representa. Estamos aquí porque estamos cansados de tanta corrupción e impunidad", manifestó María Reyes, en la toma de carretera que se desarrolló en la salida de El Progreso, hacia Atlántico hondureño.
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La toma fue parte de la jornada nacional de lucha que se desarrolló el pasado 4 de noviembre, cuando los principales ejes carreteros de Honduras amanecieron tomados por parte de las bases de las organizaciones de indignados y de la resistencia que reclaman la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI) y otros derechos.

En las acciones las organizaciones y comunidades plantearon otros temas, entre los que descatan: la no privatización del agua potable, el repudio a la entrega del territorio y los bienes naturales, el rechazo a la instalación de empresas mineras e hidroeléctricas y seguridad ante el alto índice de criminalidad.
 
REPRELas tomas iniciaron a alrededor de las 5:30 de la mañana en los ejes carreteros de mayor tráfico vehicular, donde los manifestantes quemaron llantas y colocaron piedras y palos. La primera acción se desarrolló en la carretera que de El Progreso conduce a Santa Rita, a la altura del puente de la aldea La Guacamaya. Mientas a las 6:30 de la mañana se registró la segunda toma de carretera en la salida de la ciudad ribereña hacia al atlántico hondureño.   

Otras tomas se registraron en la carretera CA5 que conduce de la zona norte hacia Tegucigalpa, específicamente a la altura de la aldea Las Flores en el departamento de  Comayagua, al igual que en Siguatepeque y en el sector 6 de Mayo en Santa Bárbara, La Entrada, Copán, y en el tramo que conecta a San Pedro Sula con el sector occidental.

A esa misma hora se desarrolló la toma del peaje en la salida de San Pedro Sula  hacia Puerto Cortés. Mientras en Francisco Morazán en el desvío de Ojojona, a la altura del Río Dulce en Talanga. 

En Tegucigalpa se toma fue en Boulevard Suyapa frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en horas de la tarde se desarrolló una protesta que inició en la Universidad Pedagógica pasando por Casa Presidencial y finalizando en el Congreso Nacional. 

En Choluteca, la toma de carretera se realizó salida a San Marcos de Colón a la altura del triángulo. En Comayagua, la toma de carretera fue a las 6 de la mañana a la altura de la aldea Las Mercedes en la Villa de San Antonio. Mientras en Saba, Colón, la toma se realizaró frente al instituto 4 de septiembre desde donde inició una marcha que finalizó a la altura del puente sobre el río Aguán.
 
Amenazas y brutalidad

En todas las manifestaciones y tomas de carretera se contó con el acoso policial que a cada instante amenazaba con desalojarlos sino habilitaban las vías de comunicación y no atendían el llamado policial. 
 
UniversidadLa brutalidad se hizo presente en Tegucigalpa, en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras e incluso al interior de la máxima casa de estudios, donde con garrotes, bombas lacrimógenas y tanquetas fueron desalojados los manifestantes.

“Protestamos contra el gobierno de JOH y los grupos económicos que lo apoyan, contra esos grupos que saquearon las instituciones del Estado y se prepara para continuar aplicando sistemáticamente acciones violatorias los derechos humanos”, indicó  uno de los estudiantes que participó en la protesta.

Además “protestamos contra la criminalización de la lucha estudiantil de la que somos objeto, exigimos que se deroguen las unidades valorativas que solo sirven para cerrar las puertas a la clase pobre que quiere estudiar una carrera en la universidad pública”. 

Así mismo dijo que condenaban la brutalidad policial con la que fueran reprimidos los estudiantes, en la que por más de dos horas se dispararon contra los estudiantes centenares de bombas lacrimógenas, acción que se cometió luego de lograr acuerdo de desalojo pacífico de la vía pública.

“Nos solidarizamos con el dirigente Miguel Briseño, del Movimientos de Indignados que fue puesto en prisión por más de 24 horas por la policía sin que pesara sobre él ninguna acusación formal, reafirmando las arbitrariedades con las que continua actuado esta fuerza represiva al servicio del régimen”, aseguró el estudiante.
 
Por su parte Fredy Membreño de la Mesa de Indignación en la ciudad de El Progreso, dijo que “continuaremos nuestra lucha hasta lograr las transformaciones que el pueblo demanda,  al tiempo que anunciamos que la movilización y protesta en la calles serán permanentes”.
 
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Cierre de Diario Tiempo, un atentado a la libertad de expresión en Honduras

El pasado martes 26 de octubre será recordado como un día oscuro para la libertad de expresión en Honduras; después de 45 años Diario Tiempo cerró sus publicaciones en su edición impresa.
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"Tiempo, el Diario de Honduras se ve en la dolorosa situación de suspender temporalmente su entrega diaria al público que generosamente durante 45 años, nos ha favorecido con atención y su lealtad a nuestra labor informativa y de opinión" cita el comunicado publicado en la portada del pasado martes 26 de octubre.

En el comunicado se argumenta que la decisión del cierre es por la asfixia económica provocada por la liquidación forzosa de banco Continental, decretada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, CNBS y el bloqueo de las empresas del grupo Continental, como consecuencia de la declaratoria de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
 
Libertad de Expresión

El cierre del periódico ha sido señalado por diversos sectores, como una clara violación a la libertad de expresión.

Para la presidenta de la junta directiva del Comité para la Libertad de Expresión, C-LIBRE, Ana Ortega, el cierre de Diario Tiempo, es una situación sumamente preocupante y delicada que representa una alarma para todas aquellas personas y medios de comunicación que no sigan la línea oficialista, además del reflejo de la escalada de ataques en contra de los medios de comunicación.

Ortega manifiesta que la decisión de cerrar el periódico deja mal parado al gobierno de Juan Orlando Hernández a nivel internacional, pues demuestra la intolerancia hacia las voces disidentes que no siguen línea oficialista.
 
Al conocerse la decisión de cerrar la edición impresa de este medio de comunicación, diversos sectores manifestaron su preocupación por las repercusiones que esto tendrá para la insipiente y débil democracia e institucionalidad hondureña, pues Diario Tiempo,  fue durante muchos años el único medio escrito  de alcance nacional que desde su línea editorial se manifestó en contra de la militarización de la sociedad, los autoritarismos y la defensa de la democracia.   

Uno de estos sectores fue el Colegio de Periodistas de Honduras, que mediante un comunicado expresó su preocupación por el respeto de las garantías y derechos laborales de los empleados y empleadas del rotativo.

Le recomendamos: ADIÓS, DIARIO TIEMPO

Situación de empleados y empleadas

Luego de conocerse el cierre de Diario Tiempo, la preocupación aumentó para los trabajadores y trabajadoras de ese medio de comunicación, pues no saben con certeza lo que sucederá con sus puestos de trabajo, y mucho menos  si recibirán sus prestaciones en caso de ser despedidos.

Periodistas, fotógrafos, corresponsales, publicistas, conserjes, editores, motoristas y todo el personal forman parte de los más de 300 empleados que ahora no saben cuál será su suerte.

Gerardo Mazariegos, ha sido fotógrafo de Diario Tiempo por 43 años. Su salario es la única fuente de ingreso en su familia, él manifiesta que con su trabajo le ha dado el estudio a su hijo que esta pronto para graduarse de médico, pero no sabe si ahora tendrá la capacidad de seguir pagando la universidad. Historias como la de Don Gerardo se repiten en el medio.
 
Luís Chávez que desde hace 20 años y a través de sus caricaturas ha representado la realidad hondureña, es parte del equipo de empleados y empleadas que están conduciendo y canalizando las  demandas de respeto y garantía de derechos laborales.

Desde que se conoció la situación del periódico, los empleados y empleadas  han buscado por todos los medios que se les garanticen sus derechos. Esta semana se reunieron con el ministro del trabajo, Carlos Madero, quien dijo que: “la responsabilidad legal y administrativa de Diario Tiempo sigue siendo de sus dueños y de su junta de administración,  y la decisión  sobre suspender o no las operaciones es de sus propietarios”.

Historias de vida

La periodista Rita Santamaría, del área de Articulación del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC), trabajó durante diez años en el área de publicidad de Diario Tiempo. Santamaría ve con tristeza el cierre de tan importante medio, califica la acción como un atentado a la libertad de expresión.

En la mira canal 11 y Cable Color

El periodista Raúl Valladares, director de noticias de Canal 11 denunció en su programa matutino que la banca nacional le está negando la apertura de cuentas a ese medio de comunicación.

“Nos están cerrando todas las puertas, no podemos pagar a nuestros empleados porque ningún banco quiere hacer trato con nosotros”, aseguró Raúl Valladares en su foro matutino.

Los más de 300 empleados y empleadas del medio están en incertidumbre, no hay garantía ni del gobierno ni de los dueños del medio que sus quincenas mucho menos que sus prestaciones serán pagadas.

La situación se agrava al saber que Honduras carece de medios de comunicación con una línea editorial como la de Diario Tiempo, que supo acompañar las luchas de los diversos sectores de la sociedad, la organización social, la vigencia de los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho y la libertad de expresión.
 
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