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Argentina

Argentina (607)

Argentina viven hoy una jornada nacional de lucha por la liberación de Milagro Sala

milagro sala farcoEl país sigue enfrentando drásticos cambios políticos. Desde que asumió la presidencia el empresario Mauricio Macri, todos los esfuerzos del estado están puestos en favorecer a los sectores más poderosos. Devaluación, aumentos de tarifas de más del 500 por ciento, subas de los precios de los alimentos, despidos masivos de trabajadores estatales, más concentración de medios en grandes empresas como el grupo Clarín, eliminación de impuestos a las grandes exportadoras rurales, industriales y mineras. Y en medio de este panorama una presa política: Milagro Sala, dirigente social de origen indígena, líder de la organización Tupac Amaru de la provincia de Jujuy y además electa Parlamentaria del Ella ya lleva más de un mes en prisión en democracia por realizar un reclamo a las autoridades, un derecho amparado por la Constitucion Nacional.


La denuncia en su contra fue realizada por el nuevo gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, integrante del frente Cambiemos, la misma fuerza política del presidente Macri. Primero se la encarceló bajo acusaciones de instigación a cometer delitos y tumulto por organizar un acampe de protesta en una plaza pública. Ante el rechazo de organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, se le armó una causa por supuesta asociación ilícita para beneficiarse con fondos públicos que su organización recibía para realizar obras.


Milagro Sala y su organización consiguieron construir viviendas, dar trabajo, lugares de recreación, centros de educación a miles de familias de Jujuy que antes no tenían esos derechos garantizados. En ese camino cosechó enemigos, que son los que hoy gobiernan y controlan la justicia de esa provincia. Hoy más de 40 organizaciones sociales y sindicales realizaron en Argentina una jornada de cortes de ruta para exigir la liberación de Milagro Sala.

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En Plaza de Mayo piden la libertad de Milagro Sala

Milagros  Salas argentina

Con banderas, cánticos y discursos, gritos miles de ciudadanos (as) militantes de diversas agrupaciones, dirigentes sindicales y vecinos se movilizaron la tarde de este lunes 18 de Enero en varias ciudades de Argentina y en Bueno Aires en protesta por la detención de la dirigente y parlamentaria Milagro Sala.

Florencia Prego, dirigente del movimiento popular quebracho en Argentina aseguró a medios de Comunicación que desde la detención de Milagro Sala en sábado se han realizado diversas movilizaciones sociales para exigir su liberación tanto en Jujuy como en Buenos Aires. Prego aseguró que esta detención es muy peligrosa para la movilización social en el país

En la capital del país organizaciones sindicales y la izquierda convocan a movilizarse desde las 17hs, en plaza de Mayo. La convocatoria exige la inmediata libertad de Milagro Sala y denuncia la criminalización de la protesta social.

Milagro Sala fue detenida por una denuncia del gobernador Gerardo Morales, de la oficialista alianza Cambiemos, que la acusa de sedición y de instigación a la protesta, y a estas horas el conflicto se agrava por la decisión del funcionario de presentar más pruebas contra la dirigente, lo que puso en estado de alerta a todo el movimiento sindical, que advierte sobre la gravedad de esta acción y la amenaza contra cualquier protesta pacífica.

Milagros Salas estaba defendiendo el derechos de 20 mil trabajadores que fueron despedidos por el Gobernador Gerardo Morales en la provincia del Jujuy,

La Red de Organizaciones Sociales –entre ellas, la Tupac Amaru– mantiene un acampe frente a la gobernación desde hace 34 días en reclamo de una audiencia con el gobernador de Cambiemos, que se niega a recibirlos. Ayer los integrantes del campamento fueron intimados a sacar de allí a niños y niñas, en lo que sería la antesala de un desalojo. Hasta ahora, los chicos estaban durante el día, pero no se quedaban a dormir. Según informaron desde la Tupac Amaru, esto fue constatado hace tres días por la defensora de Menores, Susana Trillou.

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Gobierno argentino ha decretado la intervención del AFSCA, la autoridad de aplicación de la ley de medios

Durante una conferencia de prensa esta mañana, el ministro Aguad anunció la intervención -por un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri- de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). "La rebelión justifica la intervención, porque estamos ante un caos" aseguró. Por rebelión se refería el ministro a la permanencia de Martín Sabatella como presidente del organismo, designado legítimamente de acuerdo al artículo 14 de la ley 26.522 sancionada en el año 2009.
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La medida recientemente tomada es consistente con el proceso de hostigamiento político que el gobierno de Mauricio Macri ha sostenido desde el primer día contra el actual titular del AFSCA, Martín Sabbatella, con la intención de lograr su renuncia o poder expulsarlo de su cargo. Aguad ha declarado que “la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno” y agregó “una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del presidente”.

Afirmó también que la intención del gobierno es la de avanzar sobre la convergencia tecnológica y de controles, por lo que si bien el decreto indica que la intervención duraría 180 días, intentará acelerarse el proceso, cuyo objetivo es “crear una red nacional de comunicaciones que llegue a todo el país”.

Respecto a la situación del organismo, el ministro observó que “está todo paralizado y judicializado, no hay la famosa “convergencia”, la “pluralidad de voces”, todo eso está paralizado, y lo queremos poner en funcionamiento.”. Luego se refirió a su director, “Sabbatella es un militante político, y se ha utilizado la ley para atacar a ciertos medios y privilegiar a otros. Este no es el espíritu de este gobierno.”

El interventor será Agustín Garzón, quien es abogado egresado de la UCA y posee un Master de Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Desde el mes de octubre de este año ha sido legislador porteño en reemplazo del renunciante Enzo Pagani, donde participó de la comisión de presupuesto de la ciudad de Buenos Aires.  Es coordinador de Profesionales PRO y es un funcionario cercano al jefe de gabinete de ministros Marcos Peña. No se le conocen antecedentes académicos ni laborales en materia de comunicación.

Hacia el final de la conferencia, el ministro manifestó que “no pretendemos nombrar funcionarios que perduren en el tiempo para el próximo gobierno, cada gobierno tiene derecho a nombrar sus funcionarios”. Este punto entra en contradicción con el artículo 14 de la ley, que indica que “El presidente y los directores durarán en sus cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período. La conformación del directorio se efectuará dentro de los dos (2) años anteriores a la finalización del mandato del titular del Poder Ejecutivo nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo nacional.”

Esta mañana, Martín Sabatella aseguró que “intervenir es violar la ley”, y que “una intervención al AFSCA sería un atropello brutal”, afirmando que recurrirá a la justicia ante este atentado contra el marco legal de la norma.

La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente en Argentina, fue votada por el Congreso Nacional en octubre de 2009 y contó con un amplio consenso de la gran mayoría de los actores del sector. Comúnmente conocida como Ley de Medios, las limitaciones en la propiedad de licencias de los grupos concentrados no han podido ser implementadas, por la aplicación de medidas judiciales que protegieron particularmente al Grupo Clarín. El conglomerado mediático es propietario del principal sistema de TV por cable, canales de aire y productoras de contenidos, radios y servicios de internet. (Más información enhttp://www.nodalcultura.am/2015/06/radiografia-de-los-tres-grandes-conglomerados-mediaticos-de-america-latina/

En palabras de Frank La Rue, relator para la Libertad de Expresión de la ONU,  “Argentina tiene una ley de avanzada. Es un modelo para todo el continente y para otras regiones del mundo”.  El punto que más conflicto produce al Grupo Clarín es la regulación de la propiedad del espectro de radio y televisión, que corresponde al Estado Nacional.

La ley define varios criterios de asignación de las frecuencias en tres ejes (nacional, provincial y municipal). Contempla así tres tipos de licenciatarios: públicos, sin fines de lucro y privados. Para cada sector se asignan un tercio del las licencias a otorgar. Es así como la ley asegura el derecho a la expresión socialmente igualitaria.

El segundo criterio central es el de limitar la propiedad de licencias para impedir que se conformen o permanezcan oligopolios mediáticos que dominen el mercado de la comunicación.

Asimismo, la ley 26.522 define en sintonía con la legislación internacional que los sistemas de TV por cable y satelitales no podrán ser productoras de contenidos. De esta forma se limita la capacidad de los operadores de poner y sacar señales de acuerdo se compita o no con el contenido que producirían.

Para entender cual es la posición del nuevo gobierno respecto del marco regulatorio de las licencias, es interesante la declaración del ministro Aguad del día 12 de diciembre de este año, “los medios van a competir libremente en el mercado, y trataremos de ayudar a los más pequeños”.

Texto completo del decreto 236/2015 de Intervención al AFSCA y AFTIC

INTERVENCIÓN
Decreto 236/2015
Dispónese Intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Desígnanse Interventores.
Bs. As., 22/12/2015
VISTO las Leyes Nros. 26.522 y 27.078, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Que el texto constitucional coloca en cabeza de las autoridades proveer a la protección de esos derechos.

Que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual es un organismo descentralizado y autárquico, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, creado por la Ley N° 26.522, con las competencias que le asigna su artículo 12 y concordantes.

Que la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es un organismo descentralizado y autárquico, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, creado por la Ley N° 27.078, con las competencias que le asigna su artículo 81 y concordantes.

Que tanto la industria de los servicios de comunicación audiovisual (medios) como la de las denominadas tecnologías de la información y las comunicaciones (telecomunicaciones) se relacionan con actividades que permiten a los ciudadanos el libre ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información garantizados por la CONSTITUCIÓN NACIONAL y numerosos tratados internacionales de jerarquía constitucional (artículos 14, 19, 33, 42, 43, 75, inciso 22, y concordantes de la CONSTITUCIÓN NACIONAL),

Que el ejercicio libre y pleno de los citados derechos juega un papel relevante en el fortalecimiento democrático, la educación, la identidad cultural y el desarrollo económico, industrial y tecnológico de los pueblos, siendo esenciales al momento de definir un proyecto estratégico de país en el contexto de un mundo globalizado.

Que la regulación constituye un elemento esencial de equilibrio entre las reclamaciones fundadas en el interés público y debe desenvolverse siempre con sujeción al debido proceso.

Que el artículo 1° de la Ley N° 26.522 establece como políticas de Estado la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Que desde el año 2009 no se han logrado avances significativos en el desarrollo de mecanismos destinados al cumplimiento de la materia.

Que igual situación se observa en relación a los objetivos establecidos en el año 2014 mediante el artículo 1° de la Ley N° 27.078, al constatarse la insuficiencia de las políticas públicas desarrolladas por la AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES para revertir la baja calidad del servicio en materia de comunicaciones.

Que tampoco se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, objetivos incumplidos a los que da cuenta el alto grado de insatisfacción de usuarios y consumidores en orden a la conectividad de sus comunicaciones.

Que la Ley N° 26.522 previó expresamente en su artículo 47 un mecanismo para realizar actualizaciones regulares de sus disposiciones, de carácter bianual, en las que se considere y refleje el acelerado proceso de innovación de la industria, adaptando la regulación a los requerimientos del sector y la sociedad.

Que, sin embargo, y pese a ello, la obligación específica y sujeta a plazo establecida en el citado artículo 47 fue abiertamente incumplida por las autoridades competentes a lo largo de todos estos años.

Que las autoridades competentes en la materia no han instrumentado los mecanismos establecidos en la ley, omitiendo efectuar revisiones regulatorias por más de un lustro, lo que implica un claro perjuicio para el sector y, especialmente, para los usuarios y consumidores y la población en general.

Que durante los seis años transcurridos desde la sanción de la Ley N° 26.522, tanto la industria de los servicios audiovisuales como la tecnología de trasmisión de datos, han sufrido cambios sustanciales debido a la incorporación de diversas tecnologías y el ingreso de nuevos actores no advertidos por las autoridades de ambos entes, que han omitido la instrumentación de medidas específicas para afrontar los cambios necesarios.

Que como ejemplo de esos cambios sustanciales, entre muchos otros, cabe destacar los siguientes: (i) la digitalización de la televisión por aire, de la televisión por cable, y de la televisión satelital, lo cual generó una ampliación de la oferta de programas disponibles para los usuarios, así como también la consecuente apertura del mercado para nuevos competidores; (ii) el desarrollo del “streaming”, una tecnología que permitió utilizar video y el audio ya digitalizados sobre la infraestructura de red en la que se desarrolla Internet, permitiendo en consecuencia proveer contenidos audiovisuales a los usuarios en forma económica, en múltiples dispositivos y a su propia demanda; (iii) el desarrollo de la tecnología de acceso 4G o LTE, la cual permitió prestar servicios audiovisuales mediante la telefonía móvil; (iv) la circunstancia de que la ex Secretaría de Comunicaciones adjudicó espectro radioeléctrico a incumbentes y a nuevos entrantes para la prestación de servicios utilizando la tecnología 4G o LTE; (v) la convergencia del mercado de las telecomunicaciones, generada como consecuencia de la sanción de la Ley N° 27.078, que permitió el ingreso de las compañías telefónicas a la prestación de servicios audiovisuales.

Que la evidente falta de adecuación de la normativa vigente en el país a la convergencia tecnológica y la evolución de la industria de los sectores involucrados, así como el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley N° 26.522 por parte de las autoridades públicas en los últimos seis años, afecta derechos constitucionales básicos de acceso a la información fidedigna y veraz.

Que por otra parte se advierte una superposición en las misiones y funciones de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA), creada en el marco de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, y las asignadas por otro lado a la AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (AFTIC), creada en el marco de la Ley N° 27.078 de Argentina Digital.

Que se han verificado importantes decisiones adoptadas por la AFSCA y la AFTIC en el área de sus competencias que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes, o que han motivado conflictos judiciales, así como el dictado de medidas por el Poder Judicial contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas.

Que, además del ya referido incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley N° 26.522, en el marco de esta ley se mantendría aún pendiente al día de la fecha la regularización de la crítica situación del espectro en las principales jurisdicciones (AMBA, Ciudad de Córdoba, Rosario, etc.) como consecuencia de que tal proceso se encuentra aún inconcluso. Se verificaría asimismo la existencia de numerosas emisoras ilegales y de Permisos Precarios Provisorios que no han obtenido a la fecha una solución definitiva respecto a la titularidad del servicio, y los servicios adjudicados bajo licencia sufrirían interferencias permanentes de otros servicios.

Que en relación al espectro radioeléctrico y lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 26.522, los actuales planes técnicos de radiodifusión sonora y la coexistencia de múltiples radios que solo cuentan con un permiso precario —o bien son ilegales— habrían dado lugar a que en la práctica se desconozca en forma flagrante las normas y recomendaciones internacionales suscriptas o adheridas por la República Argentina.

Que en relación a solicitudes efectuadas en los términos del artículo 12, inciso 6, de la Ley N° 26.522, existiría una gran cantidad de expedientes paralizados, aún cuando se encontrarían en condiciones de ser resueltos, sobre los que la AFSCA habría omitido adoptar una decisión incumpliendo en forma flagrante esta disposición, todo lo cual debería ser objeto de una auditoría.

Que respecto de los concursos previstos en el artículo 12, inciso 8 de la Ley N° 26.522, quedarían aún pendientes de resolución una gran cantidad destinados a la adjudicación de servicios de AM y FM, todo lo cual dificultaría la finalización del proceso de normalización del espectro. Por su parte, habrían sido cuestionados y dejados sin efecto concursos convocados para la adjudicación de servicios de TV Abierta, dando lugar al dictado de medidas cautelares de suspensión como consecuencia de irregularidades en su instrumentación.

Que, asimismo, se verificaría un significativo retraso en la resolución de expedientes en los cuales tramitan los pedidos de adjudicación de servicios, solicitudes de prórrogas de licencias, requerimientos de habilitaciones de servicio, así como en la aprobación de transferencias y reorganizaciones societarias instrumentadas bajo el régimen tanto de la ley 22.285 como de la Ley N° 26.522. Adicionalmente, las autoridades de la AFSCA habrían incurrido en tratos desiguales entre los distintos operadores en relación a los procesos de adecuación iniciados en función de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley N° 26.522.

Que, también se verificaría un importante retraso en la resolución de expedientes en los cuales tramitan los pedidos de aprobación de transferencias y reorganizaciones societarias instrumentadas bajo el régimen del Decreto 764/2000.

Que en relación al establecimiento e instrumentación del Plan de Transición previsto en el artículo 93 de la Ley N° 26.522, se habrían configurado situaciones desiguales para los distintos tipos de operadores, restringiendo en algunos casos el radio de alcance de los actuales titulares de servicios de televisión, a quienes además se los habría obligado a transportar bajo su responsabilidad y en forma gratuita la señal de un tercero dispuesto por AFSCA; dando asimismo lugar a medidas cautelares de suspensión de los concursos sustanciados para la adjudicación de nuevos servicios, como consecuencia de irregularidades detectadas en su sustanciación.

Que, adicionalmente, el referido Plan Técnico se habría aprobado incumpliendo ampliamente todos los plazos dispuestos por Ley, y las normas reglamentarias del proceso de transición fueron objeto de numerosas observaciones, reclamos administrativos y acciones judiciales en las que se cuestionó su constitucionalidad; entre otras cosas, en razón de que se habrían creado categorías de licenciatarios no previstas en la Ley y en presunta infracción al principio de transición dispuesto por el artículo 93 de la propia Ley N° 26.522, que procuraba mantener incólumes los derechos y obligaciones de los actuales licenciatarios.

Que el diseño del CONCURSO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES PERSONALES (PCS), DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES MÓVIL CELULAR (SRMC) Y DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES MÓVILES AVANZADAS (SCMA), aprobado por el Artículo 1° de la Resolución N° 38 de fecha 4 de julio de 2014 de la ex SECRETARIA DE COMUNICACIONES, evidenció graves falencias en relación al objetivo de lograr promover la entrada de nuevos competidores.

Que en el marco de actuaciones que aún corresponde sean debidamente dilucidadas, mediante Resolución AFTIC N° 155/2015, en forma tardía, se dieron por decaídas y se dejó sin efecto las adjudicaciones resueltas a favor de la empresa ARLINK SOCIEDAD ANÓNIMA en el marco del referido concurso al no haber cumplido con las obligaciones del Pliego.

Que diversas fuentes periodísticas han dado cuenta de que la empresa ARLINK SOCIEDAD ANÓNIMA habría planteado una medida cautelar contra Resolución AFTIC N° 155/2015, que no han sido debidamente publicadas por la referida autoridad, y cuyos alcances y consecuencias deben ser debidamente analizadas.

Que en virtud de los incumplimientos descriptos anteriormente, y advirtiéndose que todo ello merece un severo cuestionamiento de la actuación de la AFSCA y de la AFTIC en hechos sobre los que se requiere un preciso esclarecimiento, resulta necesario disponer una Intervención transitoria de los referidos entes que facilite una ordenada y completa investigación de su actuación desde sus respectivas fechas de creación.

Que a partir de esta investigación, en caso de confirmarse las anomalías mencionadas y, eventualmente, detectarse otros incumplimientos a la normativa vigente, los Interventores deberán informar con precisión su gravedad económica y el impacto que ocasionan o han ocasionado sobre la gestión desarrollada, debiéndose aportar la totalidad de la información de base o papeles de trabajo respectivos, toda vez que la AFSCA y la AFTIC ocupan un lugar central en la agenda de la política nacional en materia de comunicaciones.

Que adicionalmente, las leyes N° 26.522 y N° 27.078 no previeron mecanismos suficientes de vinculación, comunicación, colaboración y/o complementación entre la AFSCA y la AFTIC, lo que también atenta contra una adecuada regulación que recepte la convergencia tecnológica de la industria de los medios y de las telecomunicaciones, así como también contra la obtención de un más amplio, coordinado y transparente acceso a la información de todo el sector, que permitiría una mejor toma de decisiones por parte del Estado Nacional y brindaría previsibilidad y seguridad jurídica a los sujetos alcanzados por la regulación o a los potenciales inversores, lo que recomienda que la presente medida sea adoptada en forma unificada para ambos organismos.

Que como lo señala el Dr. FIORINI en su obra Manual de Derecho Administrativo, “el instituto de la intervención… está sustentado en el control administrativo que realiza el Poder Ejecutivo sobre toda la administración pública… El jefe del Poder Ejecutivo tiene la dirección y el control de la administración para que se cumplan los fines encomendados; toda desviación de un ente, colocándose fuera de la administración pública, debe ser causa para ubicarlo dentro del ámbito correspondiente. La intervención es uno de estos remedios que tiene como fin poner en vigencia plena la causa creadora del ente”.

Que la más reconocida doctrina administrativa en la materia tiene indicado que para que proceda la “intervención administrativa” como medio de control no se requiere la existencia de una norma que la autorice expresamente, pues ella procede como consecuencia del “poder-deber” de “vigilancia” que incumbe al Presidente de la República, en su carácter de órgano superior de la Administración Pública y responsable político de la “administración general del país”, por lo que aquella tiene fundamento en el artículo el artículo 99, inciso 1° de la Constitución Nacional (cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de derecho administrativo, 5a ed. actualizada, t. I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 686).

Que la “intervención administrativa”, como tipo de control, puede tener lugar dentro de todo el ámbito administrativo propiamente dicho, comprendiendo no sólo a los organismos de la administración centralizada, sino también a los de la administración descentralizada, incluyendo a toda empresa o repartición pública estatal (cfr. Marienhoff, Miguel S., “Intervenciones administrativas dispuestas por el Poder Ejecutivo”, La Ley 1984-D, p. 884 y ss.).

Que uno de los principales objetivos del instituto de la “intervención administrativa” es restablecer la normalidad de los órganos descentralizados política o administrativamente, o bien centralizados, extendiéndose esto a toda la actividad del Estado, a fin de asegurar la prestación de los servicios públicos y cualquier clase de actividad estatal (cfr. Barraza, Javier Indalecio, “La intervención administrativa y las facultades del interventor”, La Ley 1998-D, p. 187 y ss.).

Que asimismo resulta necesario para ello tener acceso y contar con la opinión de técnicos, expertos y especialistas, que conforman los equipos técnicos de la AFSCA y la AFTIC, así como, en caso que la concreción práctica lo requiera, de la asistencia técnica de personas u organismos privados y personalidades de reconocida trayectoria académica, científica y profesional, que desde el amplio conocimiento de la actividad, contribuyan a la tarea que se encomienda.

Que de igual modo deberá requerirse en dichos expertos poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes.

Que las tareas a cumplimentar por la intervención deben dirigirse a evaluar e informar, desde la fecha de creación de la AFSCA y la AFTIC, el cumplimiento por su parte de las obligaciones, competencias y objetivos que le han sido asignadas por la normativa vigente, así como a los procedimientos internos implementados para el seguimiento y control de gestión de las tareas a su cargo.

Que por la índole del trabajo debe ordenarse que en el lapso de la intervención se apunte a objetivos concretos, con plazos establecidos y certificables en su cumplimiento, generando una participación social y política que permita controlar en tiempo real todo lo actuado por los Interventores.

Que ello es necesario para dar certeza en cuanto a que la intervención debe someterse a severos controles participativos porque es política de este gobierno Nacional, rendir cuenta en forma permanente de sus actos.

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 7, de la Constitución de la Nación Argentina.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dispónese la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por el plazo, prorrogable, de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar desde la fecha de publicación del presente.
Art. 2° — Dispónese la intervención de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) por el plazo, prorrogable, de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar desde la fecha de publicación del presente.
Art. 3° — Desígnase Interventor de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) al señor Agustín Ignacio GARZON (DNI N° 25.431.768), cesando en sus funciones los miembros del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Art. 4° — Desígnase Interventor de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) al señor Mario Enrique FRIGERIO (DNI N° 7.591.413), cesando en sus funciones los miembros del Directorio de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).
Art. 5° — En el ejercicio de sus cargos los Interventores tendrán las facultades de gobierno y administración de la AFSCA establecidas en la Ley N° 26.522, y las facultades de gobierno y administración de la AFTIC establecidas en la Ley N° 27.078, respectivamente.
Art. 6° — Déjase establecido que las tareas que a continuación se enuncian deberán concretarse dentro de los plazos de la intervención, pudiendo los respectivos Interventores elaborar por sí o por terceros informes parciales o finales, conforme definan en su planeamiento, debiendo los respectivos Informes finales ser publicados por los referidos Interventores en el sitio web de cada uno de los organismos intervenidos.
En el plazo designado los Interventores deberán, según corresponda al ámbito de sus respectivas competencias:
a) Elaborar y elevar el informe previsto por el artículo 47 de la Ley N° 26.522.
b) Relevar la totalidad de los procesos judiciales o administrativos en los cuales participan o están involucrados como parte, terceros, o potenciales terceros interesados, la AFSCA y la AFTIC, realizando un informe de su estado de situación y las recomendaciones a seguir. En caso que corresponda, el informe respectivo deberá permanecer reservado en el marco del artículo 16 del Anexo VII del Decreto N° 1172/03.
c) Formular un informe sobre la existencia, y en caso de inexistencia sobre la recomendación de su establecimiento, de mecanismos de vinculación, comunicación, colaboración y/o complementación entre la AFSCA y la AFTIC, y la necesidad de introducir modificaciones a la legislación vigente.
d) Evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones de la AFSCA y la AFTIC, comenzando dicha tarea por las realizadas durante los últimos seis (6) meses.
e) Evaluar e informar sobre el cumplimiento de los controles que realizan la AFSCA y la AFTIC en el marco de la normativa vigente.
f) Evaluar e Informar sobre la ejecución del Presupuesto de Gastos y Recursos de la AFSCA y la AFTIC desde la creación de dichos organismos y adicionalmente sobre la ejecución de las metas físicas programadas para el mismo período.
g) Relevar y analizar los procedimientos internos utilizados por la AFSCA y la AFTIC para la determinación, registro y seguimiento de las sanciones aplicadas a los distintos sujetos de cada sector.
h) Relevar y analizar los procedimientos llevados adelante por la AFSCA en relación a los Planes de Adecuación a la Ley N° 26.522 y por la AFTIC en relación al Plan de implementación gradual (régimen de transición) y el régimen para prestadores entrantes previstos en la Ley N° 27.078.
i) Evaluar e informar sobre los sistemas de información presupuestario y contable de la AFSCA y la AFTIC, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión.
j) Evaluar e informar sobre el estado de situación de las observaciones y recomendaciones efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna, por la Sindicatura General de la Nación y por la Auditoría General de la Nación y por los organismos de garantía de la Constitución, desde la fecha de creación de la AFSCA y la AFTIC, y sobre las acciones de regularización y/o correctivas que se hubieren encarado.
El detalle precedente no limita las facultades y competencias de los respectivos Interventores, propias del ejercicio de los deberes y atribuciones establecidos en las Leyes N° 26.522, y N° 27.078, y es sólo enunciativo no limitando en modo alguno las funciones de los Interventores que puedan vincularse a otros aspectos regulatorios; a acciones de auditoría y sanciones; a aspectos económico financieros; y a la protección de los derechos de los usuarios y consumidores.
Art. 7° — En caso de detectarse alguna anomalía o incumplimiento, los Interventores deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasionan o han ocasionado sobre la gestión, debiendo aportarse la totalidad de información de base o papeles de trabajo respectivos, asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar en cada caso.
Art. 8° — Instrúyese a los Interventores para que en caso de requerir asistencia técnica de personas u organismos privados procuren invitar o proponer a personalidades de reconocida trayectoria académica, científica y profesional, que desde el amplio conocimiento de la actividad, contribuyan a la tarea que se encomienda. Las personas u organismos privados convocados deberán poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes.
Art. 9° — Todos los funcionarios y/o empleados de la Administración Pública Nacional, Empresas y Sociedades del Estado deberán prestar a los Interventores la asistencia administrativa y profesional que les sea requerida.
Art. 10. — Instrúyese a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION a prestar toda la asistencia técnica que le resulte requerida por los respectivos interventores.
Art. 11. — Lo dispuesto en el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Oscar R. Aguad.
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La medida recientemente tomada es consistente con el proceso de hostigamiento político que el gobierno de Mauricio Macri ha sostenido desde el primer día contra el actual titular del AFSCA, Martín Sabbatella, con la intención de lograr su renuncia o poder expulsarlo de su cargo. Aguad ha declarado que “la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno” y agregó “una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del presidente”.

Afirmó también que la intención del gobierno es la de avanzar sobre la convergencia tecnológica y de controles, por lo que si bien el decreto indica que la intervención duraría 180 días, intentará acelerarse el proceso, cuyo objetivo es “crear una red nacional de comunicaciones que llegue a todo el país”.

Respecto a la situación del organismo, el ministro observó que “está todo paralizado y judicializado, no hay la famosa “convergencia”, la “pluralidad de voces”, todo eso está paralizado, y lo queremos poner en funcionamiento.”. Luego se refirió a su director, “Sabbatella es un militante político, y se ha utilizado la ley para atacar a ciertos medios y privilegiar a otros. Este no es el espíritu de este gobierno.”

El interventor será Agustín Garzón, quien es abogado egresado de la UCA y posee un Master de Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Desde el mes de octubre de este año ha sido legislador porteño en reemplazo del renunciante Enzo Pagani, donde participó de la comisión de presupuesto de la ciudad de Buenos Aires.  Es coordinador de Profesionales PRO y es un funcionario cercano al jefe de gabinete de ministros Marcos Peña. No se le conocen antecedentes académicos ni laborales en materia de comunicación.

Hacia el final de la conferencia, el ministro manifestó que “no pretendemos nombrar funcionarios que perduren en el tiempo para el próximo gobierno, cada gobierno tiene derecho a nombrar sus funcionarios”. Este punto entra en contradicción con el artículo 14 de la ley, que indica que “El presidente y los directores durarán en sus cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período. La conformación del directorio se efectuará dentro de los dos (2) años anteriores a la finalización del mandato del titular del Poder Ejecutivo nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo nacional.”

Esta mañana, Martín Sabatella aseguró que “intervenir es violar la ley”, y que “una intervención al AFSCA sería un atropello brutal”, afirmando que recurrirá a la justicia ante este atentado contra el marco legal de la norma.

La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente en Argentina, fue votada por el Congreso Nacional en octubre de 2009 y contó con un amplio consenso de la gran mayoría de los actores del sector. Comúnmente conocida como Ley de Medios, las limitaciones en la propiedad de licencias de los grupos concentrados no han podido ser implementadas, por la aplicación de medidas judiciales que protegieron particularmente al Grupo Clarín. El conglomerado mediático es propietario del principal sistema de TV por cable, canales de aire y productoras de contenidos, radios y servicios de internet. (Más información enhttp://www.nodalcultura.am/2015/06/radiografia-de-los-tres-grandes-conglomerados-mediaticos-de-america-latina/

En palabras de Frank La Rue, relator para la Libertad de Expresión de la ONU,  “Argentina tiene una ley de avanzada. Es un modelo para todo el continente y para otras regiones del mundo”.  El punto que más conflicto produce al Grupo Clarín es la regulación de la propiedad del espectro de radio y televisión, que corresponde al Estado Nacional.

La ley define varios criterios de asignación de las frecuencias en tres ejes (nacional, provincial y municipal). Contempla así tres tipos de licenciatarios: públicos, sin fines de lucro y privados. Para cada sector se asignan un tercio del las licencias a otorgar. Es así como la ley asegura el derecho a la expresión socialmente igualitaria.

El segundo criterio central es el de limitar la propiedad de licencias para impedir que se conformen o permanezcan oligopolios mediáticos que dominen el mercado de la comunicación.

Asimismo, la ley 26.522 define en sintonía con la legislación internacional que los sistemas de TV por cable y satelitales no podrán ser productoras de contenidos. De esta forma se limita la capacidad de los operadores de poner y sacar señales de acuerdo se compita o no con el contenido que producirían.

Para entender cual es la posición del nuevo gobierno respecto del marco regulatorio de las licencias, es interesante la declaración del ministro Aguad del día 12 de diciembre de este año, “los medios van a competir libremente en el mercado, y trataremos de ayudar a los más pequeños”.


Texto completo del decreto 236/2015 de Intervención al AFSCA y AFTIC

INTERVENCIÓN
Decreto 236/2015
Dispónese Intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Desígnanse Interventores.
Bs. As., 22/12/2015
VISTO las Leyes Nros. 26.522 y 27.078, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Que el texto constitucional coloca en cabeza de las autoridades proveer a la protección de esos derechos.

Que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual es un organismo descentralizado y autárquico, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, creado por la Ley N° 26.522, con las competencias que le asigna su artículo 12 y concordantes.

Que la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es un organismo descentralizado y autárquico, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, creado por la Ley N° 27.078, con las competencias que le asigna su artículo 81 y concordantes.

Que tanto la industria de los servicios de comunicación audiovisual (medios) como la de las denominadas tecnologías de la información y las comunicaciones (telecomunicaciones) se relacionan con actividades que permiten a los ciudadanos el libre ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información garantizados por la CONSTITUCIÓN NACIONAL y numerosos tratados internacionales de jerarquía constitucional (artículos 14, 19, 33, 42, 43, 75, inciso 22, y concordantes de la CONSTITUCIÓN NACIONAL),

Que el ejercicio libre y pleno de los citados derechos juega un papel relevante en el fortalecimiento democrático, la educación, la identidad cultural y el desarrollo económico, industrial y tecnológico de los pueblos, siendo esenciales al momento de definir un proyecto estratégico de país en el contexto de un mundo globalizado.

Que la regulación constituye un elemento esencial de equilibrio entre las reclamaciones fundadas en el interés público y debe desenvolverse siempre con sujeción al debido proceso.

Que el artículo 1° de la Ley N° 26.522 establece como políticas de Estado la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Que desde el año 2009 no se han logrado avances significativos en el desarrollo de mecanismos destinados al cumplimiento de la materia.

Que igual situación se observa en relación a los objetivos establecidos en el año 2014 mediante el artículo 1° de la Ley N° 27.078, al constatarse la insuficiencia de las políticas públicas desarrolladas por la AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES para revertir la baja calidad del servicio en materia de comunicaciones.

Que tampoco se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, objetivos incumplidos a los que da cuenta el alto grado de insatisfacción de usuarios y consumidores en orden a la conectividad de sus comunicaciones.

Que la Ley N° 26.522 previó expresamente en su artículo 47 un mecanismo para realizar actualizaciones regulares de sus disposiciones, de carácter bianual, en las que se considere y refleje el acelerado proceso de innovación de la industria, adaptando la regulación a los requerimientos del sector y la sociedad.

Que, sin embargo, y pese a ello, la obligación específica y sujeta a plazo establecida en el citado artículo 47 fue abiertamente incumplida por las autoridades competentes a lo largo de todos estos años.

Que las autoridades competentes en la materia no han instrumentado los mecanismos establecidos en la ley, omitiendo efectuar revisiones regulatorias por más de un lustro, lo que implica un claro perjuicio para el sector y, especialmente, para los usuarios y consumidores y la población en general.

Que durante los seis años transcurridos desde la sanción de la Ley N° 26.522, tanto la industria de los servicios audiovisuales como la tecnología de trasmisión de datos, han sufrido cambios sustanciales debido a la incorporación de diversas tecnologías y el ingreso de nuevos actores no advertidos por las autoridades de ambos entes, que han omitido la instrumentación de medidas específicas para afrontar los cambios necesarios.

Que como ejemplo de esos cambios sustanciales, entre muchos otros, cabe destacar los siguientes: (i) la digitalización de la televisión por aire, de la televisión por cable, y de la televisión satelital, lo cual generó una ampliación de la oferta de programas disponibles para los usuarios, así como también la consecuente apertura del mercado para nuevos competidores; (ii) el desarrollo del “streaming”, una tecnología que permitió utilizar video y el audio ya digitalizados sobre la infraestructura de red en la que se desarrolla Internet, permitiendo en consecuencia proveer contenidos audiovisuales a los usuarios en forma económica, en múltiples dispositivos y a su propia demanda; (iii) el desarrollo de la tecnología de acceso 4G o LTE, la cual permitió prestar servicios audiovisuales mediante la telefonía móvil; (iv) la circunstancia de que la ex Secretaría de Comunicaciones adjudicó espectro radioeléctrico a incumbentes y a nuevos entrantes para la prestación de servicios utilizando la tecnología 4G o LTE; (v) la convergencia del mercado de las telecomunicaciones, generada como consecuencia de la sanción de la Ley N° 27.078, que permitió el ingreso de las compañías telefónicas a la prestación de servicios audiovisuales.

Que la evidente falta de adecuación de la normativa vigente en el país a la convergencia tecnológica y la evolución de la industria de los sectores involucrados, así como el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley N° 26.522 por parte de las autoridades públicas en los últimos seis años, afecta derechos constitucionales básicos de acceso a la información fidedigna y veraz.

Que por otra parte se advierte una superposición en las misiones y funciones de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (AFSCA), creada en el marco de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, y las asignadas por otro lado a la AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (AFTIC), creada en el marco de la Ley N° 27.078 de Argentina Digital.

Que se han verificado importantes decisiones adoptadas por la AFSCA y la AFTIC en el área de sus competencias que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes, o que han motivado conflictos judiciales, así como el dictado de medidas por el Poder Judicial contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas.

Que, además del ya referido incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley N° 26.522, en el marco de esta ley se mantendría aún pendiente al día de la fecha la regularización de la crítica situación del espectro en las principales jurisdicciones (AMBA, Ciudad de Córdoba, Rosario, etc.) como consecuencia de que tal proceso se encuentra aún inconcluso. Se verificaría asimismo la existencia de numerosas emisoras ilegales y de Permisos Precarios Provisorios que no han obtenido a la fecha una solución definitiva respecto a la titularidad del servicio, y los servicios adjudicados bajo licencia sufrirían interferencias permanentes de otros servicios.

Que en relación al espectro radioeléctrico y lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N° 26.522, los actuales planes técnicos de radiodifusión sonora y la coexistencia de múltiples radios que solo cuentan con un permiso precario —o bien son ilegales— habrían dado lugar a que en la práctica se desconozca en forma flagrante las normas y recomendaciones internacionales suscriptas o adheridas por la República Argentina.

Que en relación a solicitudes efectuadas en los términos del artículo 12, inciso 6, de la Ley N° 26.522, existiría una gran cantidad de expedientes paralizados, aún cuando se encontrarían en condiciones de ser resueltos, sobre los que la AFSCA habría omitido adoptar una decisión incumpliendo en forma flagrante esta disposición, todo lo cual debería ser objeto de una auditoría.

Que respecto de los concursos previstos en el artículo 12, inciso 8 de la Ley N° 26.522, quedarían aún pendientes de resolución una gran cantidad destinados a la adjudicación de servicios de AM y FM, todo lo cual dificultaría la finalización del proceso de normalización del espectro. Por su parte, habrían sido cuestionados y dejados sin efecto concursos convocados para la adjudicación de servicios de TV Abierta, dando lugar al dictado de medidas cautelares de suspensión como consecuencia de irregularidades en su instrumentación.

Que, asimismo, se verificaría un significativo retraso en la resolución de expedientes en los cuales tramitan los pedidos de adjudicación de servicios, solicitudes de prórrogas de licencias, requerimientos de habilitaciones de servicio, así como en la aprobación de transferencias y reorganizaciones societarias instrumentadas bajo el régimen tanto de la ley 22.285 como de la Ley N° 26.522. Adicionalmente, las autoridades de la AFSCA habrían incurrido en tratos desiguales entre los distintos operadores en relación a los procesos de adecuación iniciados en función de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley N° 26.522.

Que, también se verificaría un importante retraso en la resolución de expedientes en los cuales tramitan los pedidos de aprobación de transferencias y reorganizaciones societarias instrumentadas bajo el régimen del Decreto 764/2000.

Que en relación al establecimiento e instrumentación del Plan de Transición previsto en el artículo 93 de la Ley N° 26.522, se habrían configurado situaciones desiguales para los distintos tipos de operadores, restringiendo en algunos casos el radio de alcance de los actuales titulares de servicios de televisión, a quienes además se los habría obligado a transportar bajo su responsabilidad y en forma gratuita la señal de un tercero dispuesto por AFSCA; dando asimismo lugar a medidas cautelares de suspensión de los concursos sustanciados para la adjudicación de nuevos servicios, como consecuencia de irregularidades detectadas en su sustanciación.

Que, adicionalmente, el referido Plan Técnico se habría aprobado incumpliendo ampliamente todos los plazos dispuestos por Ley, y las normas reglamentarias del proceso de transición fueron objeto de numerosas observaciones, reclamos administrativos y acciones judiciales en las que se cuestionó su constitucionalidad; entre otras cosas, en razón de que se habrían creado categorías de licenciatarios no previstas en la Ley y en presunta infracción al principio de transición dispuesto por el artículo 93 de la propia Ley N° 26.522, que procuraba mantener incólumes los derechos y obligaciones de los actuales licenciatarios.

Que el diseño del CONCURSO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES PERSONALES (PCS), DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES MÓVIL CELULAR (SRMC) Y DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES MÓVILES AVANZADAS (SCMA), aprobado por el Artículo 1° de la Resolución N° 38 de fecha 4 de julio de 2014 de la ex SECRETARIA DE COMUNICACIONES, evidenció graves falencias en relación al objetivo de lograr promover la entrada de nuevos competidores.

Que en el marco de actuaciones que aún corresponde sean debidamente dilucidadas, mediante Resolución AFTIC N° 155/2015, en forma tardía, se dieron por decaídas y se dejó sin efecto las adjudicaciones resueltas a favor de la empresa ARLINK SOCIEDAD ANÓNIMA en el marco del referido concurso al no haber cumplido con las obligaciones del Pliego.

Que diversas fuentes periodísticas han dado cuenta de que la empresa ARLINK SOCIEDAD ANÓNIMA habría planteado una medida cautelar contra Resolución AFTIC N° 155/2015, que no han sido debidamente publicadas por la referida autoridad, y cuyos alcances y consecuencias deben ser debidamente analizadas.

Que en virtud de los incumplimientos descriptos anteriormente, y advirtiéndose que todo ello merece un severo cuestionamiento de la actuación de la AFSCA y de la AFTIC en hechos sobre los que se requiere un preciso esclarecimiento, resulta necesario disponer una Intervención transitoria de los referidos entes que facilite una ordenada y completa investigación de su actuación desde sus respectivas fechas de creación.

Que a partir de esta investigación, en caso de confirmarse las anomalías mencionadas y, eventualmente, detectarse otros incumplimientos a la normativa vigente, los Interventores deberán informar con precisión su gravedad económica y el impacto que ocasionan o han ocasionado sobre la gestión desarrollada, debiéndose aportar la totalidad de la información de base o papeles de trabajo respectivos, toda vez que la AFSCA y la AFTIC ocupan un lugar central en la agenda de la política nacional en materia de comunicaciones.

Que adicionalmente, las leyes N° 26.522 y N° 27.078 no previeron mecanismos suficientes de vinculación, comunicación, colaboración y/o complementación entre la AFSCA y la AFTIC, lo que también atenta contra una adecuada regulación que recepte la convergencia tecnológica de la industria de los medios y de las telecomunicaciones, así como también contra la obtención de un más amplio, coordinado y transparente acceso a la información de todo el sector, que permitiría una mejor toma de decisiones por parte del Estado Nacional y brindaría previsibilidad y seguridad jurídica a los sujetos alcanzados por la regulación o a los potenciales inversores, lo que recomienda que la presente medida sea adoptada en forma unificada para ambos organismos.

Que como lo señala el Dr. FIORINI en su obra Manual de Derecho Administrativo, “el instituto de la intervención… está sustentado en el control administrativo que realiza el Poder Ejecutivo sobre toda la administración pública… El jefe del Poder Ejecutivo tiene la dirección y el control de la administración para que se cumplan los fines encomendados; toda desviación de un ente, colocándose fuera de la administración pública, debe ser causa para ubicarlo dentro del ámbito correspondiente. La intervención es uno de estos remedios que tiene como fin poner en vigencia plena la causa creadora del ente”.

Que la más reconocida doctrina administrativa en la materia tiene indicado que para que proceda la “intervención administrativa” como medio de control no se requiere la existencia de una norma que la autorice expresamente, pues ella procede como consecuencia del “poder-deber” de “vigilancia” que incumbe al Presidente de la República, en su carácter de órgano superior de la Administración Pública y responsable político de la “administración general del país”, por lo que aquella tiene fundamento en el artículo el artículo 99, inciso 1° de la Constitución Nacional (cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de derecho administrativo, 5a ed. actualizada, t. I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 686).

Que la “intervención administrativa”, como tipo de control, puede tener lugar dentro de todo el ámbito administrativo propiamente dicho, comprendiendo no sólo a los organismos de la administración centralizada, sino también a los de la administración descentralizada, incluyendo a toda empresa o repartición pública estatal (cfr. Marienhoff, Miguel S., “Intervenciones administrativas dispuestas por el Poder Ejecutivo”, La Ley 1984-D, p. 884 y ss.).

Que uno de los principales objetivos del instituto de la “intervención administrativa” es restablecer la normalidad de los órganos descentralizados política o administrativamente, o bien centralizados, extendiéndose esto a toda la actividad del Estado, a fin de asegurar la prestación de los servicios públicos y cualquier clase de actividad estatal (cfr. Barraza, Javier Indalecio, “La intervención administrativa y las facultades del interventor”, La Ley 1998-D, p. 187 y ss.).

Que asimismo resulta necesario para ello tener acceso y contar con la opinión de técnicos, expertos y especialistas, que conforman los equipos técnicos de la AFSCA y la AFTIC, así como, en caso que la concreción práctica lo requiera, de la asistencia técnica de personas u organismos privados y personalidades de reconocida trayectoria académica, científica y profesional, que desde el amplio conocimiento de la actividad, contribuyan a la tarea que se encomienda.

Que de igual modo deberá requerirse en dichos expertos poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes.

Que las tareas a cumplimentar por la intervención deben dirigirse a evaluar e informar, desde la fecha de creación de la AFSCA y la AFTIC, el cumplimiento por su parte de las obligaciones, competencias y objetivos que le han sido asignadas por la normativa vigente, así como a los procedimientos internos implementados para el seguimiento y control de gestión de las tareas a su cargo.

Que por la índole del trabajo debe ordenarse que en el lapso de la intervención se apunte a objetivos concretos, con plazos establecidos y certificables en su cumplimiento, generando una participación social y política que permita controlar en tiempo real todo lo actuado por los Interventores.

Que ello es necesario para dar certeza en cuanto a que la intervención debe someterse a severos controles participativos porque es política de este gobierno Nacional, rendir cuenta en forma permanente de sus actos.

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 7, de la Constitución de la Nación Argentina.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dispónese la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por el plazo, prorrogable, de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar desde la fecha de publicación del presente.
Art. 2° — Dispónese la intervención de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) por el plazo, prorrogable, de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a contar desde la fecha de publicación del presente.
Art. 3° — Desígnase Interventor de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) al señor Agustín Ignacio GARZON (DNI N° 25.431.768), cesando en sus funciones los miembros del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Art. 4° — Desígnase Interventor de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) al señor Mario Enrique FRIGERIO (DNI N° 7.591.413), cesando en sus funciones los miembros del Directorio de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).
Art. 5° — En el ejercicio de sus cargos los Interventores tendrán las facultades de gobierno y administración de la AFSCA establecidas en la Ley N° 26.522, y las facultades de gobierno y administración de la AFTIC establecidas en la Ley N° 27.078, respectivamente.
Art. 6° — Déjase establecido que las tareas que a continuación se enuncian deberán concretarse dentro de los plazos de la intervención, pudiendo los respectivos Interventores elaborar por sí o por terceros informes parciales o finales, conforme definan en su planeamiento, debiendo los respectivos Informes finales ser publicados por los referidos Interventores en el sitio web de cada uno de los organismos intervenidos.
En el plazo designado los Interventores deberán, según corresponda al ámbito de sus respectivas competencias:
a) Elaborar y elevar el informe previsto por el artículo 47 de la Ley N° 26.522.
b) Relevar la totalidad de los procesos judiciales o administrativos en los cuales participan o están involucrados como parte, terceros, o potenciales terceros interesados, la AFSCA y la AFTIC, realizando un informe de su estado de situación y las recomendaciones a seguir. En caso que corresponda, el informe respectivo deberá permanecer reservado en el marco del artículo 16 del Anexo VII del Decreto N° 1172/03.
c) Formular un informe sobre la existencia, y en caso de inexistencia sobre la recomendación de su establecimiento, de mecanismos de vinculación, comunicación, colaboración y/o complementación entre la AFSCA y la AFTIC, y la necesidad de introducir modificaciones a la legislación vigente.
d) Evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones de la AFSCA y la AFTIC, comenzando dicha tarea por las realizadas durante los últimos seis (6) meses.
e) Evaluar e informar sobre el cumplimiento de los controles que realizan la AFSCA y la AFTIC en el marco de la normativa vigente.
f) Evaluar e Informar sobre la ejecución del Presupuesto de Gastos y Recursos de la AFSCA y la AFTIC desde la creación de dichos organismos y adicionalmente sobre la ejecución de las metas físicas programadas para el mismo período.
g) Relevar y analizar los procedimientos internos utilizados por la AFSCA y la AFTIC para la determinación, registro y seguimiento de las sanciones aplicadas a los distintos sujetos de cada sector.
h) Relevar y analizar los procedimientos llevados adelante por la AFSCA en relación a los Planes de Adecuación a la Ley N° 26.522 y por la AFTIC en relación al Plan de implementación gradual (régimen de transición) y el régimen para prestadores entrantes previstos en la Ley N° 27.078.
i) Evaluar e informar sobre los sistemas de información presupuestario y contable de la AFSCA y la AFTIC, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión.
j) Evaluar e informar sobre el estado de situación de las observaciones y recomendaciones efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna, por la Sindicatura General de la Nación y por la Auditoría General de la Nación y por los organismos de garantía de la Constitución, desde la fecha de creación de la AFSCA y la AFTIC, y sobre las acciones de regularización y/o correctivas que se hubieren encarado.
El detalle precedente no limita las facultades y competencias de los respectivos Interventores, propias del ejercicio de los deberes y atribuciones establecidos en las Leyes N° 26.522, y N° 27.078, y es sólo enunciativo no limitando en modo alguno las funciones de los Interventores que puedan vincularse a otros aspectos regulatorios; a acciones de auditoría y sanciones; a aspectos económico financieros; y a la protección de los derechos de los usuarios y consumidores.
Art. 7° — En caso de detectarse alguna anomalía o incumplimiento, los Interventores deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasionan o han ocasionado sobre la gestión, debiendo aportarse la totalidad de información de base o papeles de trabajo respectivos, asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar en cada caso.
Art. 8° — Instrúyese a los Interventores para que en caso de requerir asistencia técnica de personas u organismos privados procuren invitar o proponer a personalidades de reconocida trayectoria académica, científica y profesional, que desde el amplio conocimiento de la actividad, contribuyan a la tarea que se encomienda. Las personas u organismos privados convocados deberán poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes.
Art. 9° — Todos los funcionarios y/o empleados de la Administración Pública Nacional, Empresas y Sociedades del Estado deberán prestar a los Interventores la asistencia administrativa y profesional que les sea requerida.
Art. 10. — Instrúyese a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION a prestar toda la asistencia técnica que le resulte requerida por los respectivos interventores.
Art. 11. — Lo dispuesto en el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Oscar R. Aguad.
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Coalición por una Comunicación Democrática en "estado de alerta y movilización"

Frente a los trascendidos de nuevos posibles intentos de cambiar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por decreto, cientos de organizaciones y redes relanzan este espacio de confluencia que posibilitó su sanción, ratifican su defensa irrestricta de la norma y expresan que "todo proceso de debate de reglas sobre la libertad de expresión y el derecho a la comunicación debe reconocer el precedente" de la participación con que se construyó la ley actual,.
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Transcribimos a continuación el documento completo

Coalición por una Comunicación Democrática
Estado de alerta y movilización en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

La Coalición por una Comunicación Democrática se declaró en estado de alerta y anunció movilizaciones en todo el país en caso que pretendan modificar por Decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La Ley 26.522 aprobada en 2009 y confirmada en su constitucionalidad en 2013 fue puesta bajo presión, crítica, impedimentos y obstáculos de todo orden. Esta Ley fue impulsada y debatida por las organizaciones populares, las y los trabajadores de la comunicación, las universidades nacionales, los pueblos originarios, las organizaciones sindicales y de defensa de Derechos Humanos, los medios pymes, populares y comunitarios que en 2004 presentamos los 21 puntos por una radiodifusión democrática.

Los miembros de esta Coalición fuimos participes y protagonistas orgullosos de todos esos debates y propulsores fundamentales del texto que fue aprobado en el Congreso Nacional con amplias mayorías, con decenas de miles de personas en las calles.

Esta Ley – y el proceso de su debate – fue reconocida y valorada como un ejemplo para el mundo por todos los organismos internacionales con competencia en la materia.

Luego de su aprobación fue llevada a los tribunales con todas las excusas imaginables. En una audiencia histórica en la Corte Suprema de Justicia, millones de personas tuvieron la posibilidad de ver y escuchar de qué iba la cosa. Como nunca antes se cumplió la premisa de respetar que “el pueblo quiere saber de qué se trata”.

Desde esas fechas hasta hoy muchas cosas pasaron y los debates se actualizaron. En estos días el desafío es tanto reclamar por lo que falta como garantizar lo conquistado. Para tal fin, las organizaciones que integran laCoalición por una Comunicación Democrática invitan nuevamente al conjunto de los habitantes de la Nación a acompañar su iniciativa de respetar y promover la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de acuerdo a los mejores estándares y prácticas que establecen los instrumentos del derecho internacional de los Derechos Humanos. Recordamos además que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, así como la Convención de Diversidad Cultural de la UNESCO obligan a los poderes del Estado argentino a cumplir con esos instrumentos del derecho internacional.

Por eso afirmamos:

*La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se toca. Defendemos la ley 26.522 porque es la Ley que hizo el pueblo en su conjunto y reconoce el Derecho a la Comunicación.

*Las instituciones y organismos creados por la Ley para su aplicación deben ser respetados. Para asegurar el pluralismo la ley prevé un conjunto de mecanismos de controles cruzados con participación de las provincias y de todos los sectores relacionados con la comunicación que deben mantenerse.

*Todo proceso de debate de reglas sobre la libertad de expresión y el derecho a la comunicación debe reconocer el precedente de la participación y debate con el que construimos la LSCA con más de treinta audiencias públicas para tratar el anteproyecto con más de mil aportes y audiencias públicas en Diputados y Senadores, así como un proceso de elaboración participada de normas para su decreto reglamentario. Por tanto cualquier decisión tomada sin estos estándares de participación sería un claro retroceso en la calidad de la democracia.
 
Más información en http://agencia.farco.org.ar/
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Consejo Federal de Comunicación se pronunció en defensa de la comunicación democrática

El CoFeCa, que representa ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual los intereses de las provincias, reafirmó en un comunicado su rol de bregar por "los intereses federales y sectoriales que llevaron las banderas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".
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El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual emitió un comunicado donde reafirmó su decisión de luchar por la vigencia plena de la norma, ante “las primeras designaciones efectuadas por el nuevo gobierno y las declaraciones formuladas por los nuevos funcionarios”.

“Decir que ‘la regulación de la ley de medios no va a subsistir’ y que ‘los medios van a competir libremente en el mercado’ atenta contra el espíritu y vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, continúa el documento. Además, recuerda que “la ley 26.522 garantizó el firme consenso social que declaró a la comunicación como un derecho humano inalienable”, que la norma “fue reconocida por organismos internacionales y que ha servido como antecedente de legislaciones de otros países”, que “la ley democratizó el campo de la comunicación” y “se generó conciencia sobre el papel de los medios de comunicación”.

Por último “el CoFeCA recuerda que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una construcción jurídica colectiva debatida y consensuada por años” y “que al momento de ser tratada en el Parlamento logró un extendido apoyo” por lo que se trata de “una de las leyes más participativas de la democracia”, dice el documento. “En este sentido, reforzamos la institucionalidad en la aplicación de la ley vigente reafirmando nuestro compromiso con la democracia y la pluralidad de voces, incitando al diálogo y al debate permanente con el objetivo de avanzar en la plena vigencia del derecho humano a la comunicación”, concluye.

El consejo está integrado por: 1) un representante de cada una de las provincias y del gobierno de CABA; 2) representantes por las entidades que agrupen a los prestadores privados de carácter comercial; 3) representantes por las entidades que agrupen a los prestadores sin fines de lucro; 4) un representante de las emisoras de las universidades nacionales 5) un representante de las universidades nacionales que tengan facultades o carreras de comunicación; 6) un representante de los medios públicos de todos los ámbitos y jurisdicciones; 7) tres representantes de las entidades sindicales de los trabajadores de los medios de comunicación; 8) un representante de las sociedades gestoras de derechos; 9) representante de pueblos originarios.
 
Más información en http://agencia.farco.org.ar/
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Crece el apoyo internacional a la lucha por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

La red de radios comunitarias ARPAS de El Salvador se sumó al listado de medios latinoamericanos que se pronunciaron esta semana.
Ley de medios
La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador fue creada el 20 de febrero de 2000, año en que fueron publicados sus estatutos en el Diario Oficial. Sin embargo, varias de sus radios asociadas ya operaban desde inicios de los años noventa en distintos puntos del país.

Ante la situación que se vive en nuestro país en materia comunicacional, desde ARPAS manifestaron su apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Vemos criticable y condenable que el nuevo gobierno de Argentina tenga como propósito revertir todos los procesos de democratización en la comunicación que han sido posible gracias a esta ley democrática, que fue discutida y avalada por todos los sectores de la sociedad y que se aprobó por amplia mayoría en el parlamento”, expresó el director ejecutivo de ARPAS y vicepresidente de ALER, Leonel Herrera.

También destacó el empoderamiento de la sociedad argentina: “nos parece emblemático que la primera movilización social en contra de este gobierno es para defender la Ley de Medios”.

Esta semana, medios y periodistas nucleados en el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América también repudiaron el intento del gobierno argentino de avasallar la ley.
 
Con información de http://agencia.farco.org.ar/
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Miles de personas se movilizaron en favor de la Ley de Comunicación Audiovisual

En distintos puntos del país, redes de medios, carreras de comunicación, sindicatos, organismos de derechos humanos, artistas, pueblos originarios, legisladores, organizaciones políticas, sociales y autoconvocados se manifestaron otra vez defendiendo la plena vigencia de esta norma y todas sus instituciones, amenazadas por el decreto 13/2015 y las definiciones del ministro Aguad.
Miles se moviilizan
Durante el acto que se realizó durante la tarde del jueves asistieron más de 30.000 personas y estuvieron presentes los ex ministros Carlos Tomada, Eduardo “Wado” de Pedro, Axel Kicillof y Julio de Vido; organizaciones políticas como el Movimiento Evita, la Tupac Amaru, La Cámpora, Nuevo Encuentro, Peronismo Militante, Patria Grande,Abuelas de Plaza de Mayo yMadres de Plaza de Mayo. También hubo una nutrida presencia gremial de laAsociación de Trabajadores del Estado (ATE), el sindicato de televisión SAT-SAID y la Unión de Personal Civil de la Nación. Se hicieron presentes, además, redes de medios de comunicación, como el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y redes de carreras de comunicación social.
 
Martín Sabbatella, titular de la AFSCA, sobre los dichos del ministro Oscar Aguad.“Esta es una convocatoria para defender la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es defender la palabra de todos y todas”.
 
Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo,expresó que “Macri pretende manejar el país como una empresa, el país no es una empresa, es de todos”.

Mariana Moyano, periodista, destacó la participación popular en la defensa de esta normativa.
 
Mariano Pinedo, concejal de San Antonio de Areco y referente de Radio Pampa, afirmó: “esta situación necesita de todo nuestro apoyo y toda nuestra organización”.
 
Axel Kicillof, ex ministro de Economía, expresó: “no vamos a permitir que se avasallen las leyes”.
 
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Nueva movilización en el Congreso y en toda Argentina en defensa de la Ley de Comunicación Audiovisual

Redes de medios, carreras de comunicación, sindicatos, organismos de derechos humanos, artistas, pueblos originarios, legisladores, organizaciones políticas, sociales y autoconvocados se manifiestan nuevamente defendiendo la plena vigencia de esta norma y todas sus instituciones, amenazadas por el decreto 13/2015 y las definiciones del ministro Aguad.
Movi-Arg
Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias y otras redes se convoca en la ciudad deBuenos Aires a concentrar en el marco de laCoalición por una Comunicación Democrática a las 16:30 en la intersección de Sáenz Peña y Avenida de Mayo, y movilizar desde allí a la Plaza de los dos Congresos donde se realizará el festival y acto central nacional.
Festival-e1450349241252
Otras convocatorias ya confirmadas en el país, son:

*Mendoza – capital

Concentración a las 18 hs en la Legislatura

*Rafaela – Mendoza

Concentración en el parque Islas Malvinas, a partir de las 17 hs.

*Formosa – capital

Concentración a las 17 hs con radio abierta en Plaza San Martín

*San Juan – capital

Concentración a las 18:30 hs en plaza 25 de mayo

*Río Negro – Bariloche

Concentración 18 hs en el Centro cívico

(Esta información se irá ampliando y actualizando a medida que se confirmen las distintas convocatorias en el transcurso de la jornada)
 
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Docentes de universidades públicas expresaron su apoyo a la Ley de Medios

Así lo expresaron profesores nucleados en la Red de Carreras de Comunicación (REDCOM), la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) e independientes. Cecilia Vila, docente en la Universidad Nacional de San Juan, afirmó que están en estado de alerta por las propuestas en materia de comunicación de Mauricio Macri.
U por la ley
Cecilia Vila, docente en la Universidad Nacional de San Juan, afirmó que “hay una clara intención de modificar una parte muy esencial de la ley que tiene que ver con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque la nueva política del gobierno de Macri es absorber esas funciones de control y regulación de la AFSCA en un nuevo organismo, que es el Ministerio de Comunicaciones”.

“Estamos muy preocupados ante estas intenciones de querer cambiar por decreto algo que se estableció por una ley que está reconocida en el mundo, incluso por la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se adecua a estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, agregó.
 
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Argentina se moviliza en defensa de una comunicación plural y democrática

Se realizaron durante la tarde de ayer en repudio al DNU que ubica a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFSTIC) bajo la órbita del flamante Ministerio de Comunicaciones. Oscar Aguad, su flamante ministro, afirmó: "La Ley de Medios no subsistirá en nuestro gobierno".
Movi-Ley
Desde Córdoba (cobertura por Radio Sur)

Mario Farías durante la radio abierta en Córdoba
Mario Farías durante la radio abierta en Córdoba

Hubo una jornada en la ex plaza Vélez Sarsfield, en el centro de la ciudad, frente a la Casa Radical (sede de la UCR, partido al que pertenece Aguad). La actividad se inició pasadas las 18hs y concluyó  cerca de las 21.

Mario Farías, integrante de Radio Sur (FARCO), afirmó: “no vamos a dejar que avancen sobre la ley de medios, construida con la participación, la opinión y el avance de las universidades, las organizaciones del campo popular, los trabajadores”.
 
Carlos Vicente, titular de la AFSCA Córdoba, dijo que “estamos demostrando que tenemos toda la voluntad de defender todos y cada uno de los derechos que supimos conseguir en estos 12 años. Este DNU atenta contra la democracia y contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
 
Desde La Plata

(cobertura por Radio Futura, Estación Sur, Integración Boliviana, FM Resistencia y Raíces)

marcha1Durante toda la tarde, se realizó una radio abierta y concentración en Plaza San Martín

Guillermo Guerín,titular de AFSCA La Plata, explicó la situación que plantea el DNU para la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y analizó los dichos de Aguad.
 
 
Carlos Leavi, periodista. secretario de Extensión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, realizó una cronología del proceso de debate y redacción de la ley y agregó: “No bancan nuestros derechos ni lo que hemos avanzado como pueblo; pero hay que tener en claro que ya hubo una respuesta ante esto”. 
 
Gustavo di Marzio, diputado provincial del FPV y referente del Movimiento Evita, dijo: “Pareciera que Macri no entendió que este pueblo está en pie y que, de ninguna manera, va a permitir que se avasallen los derechos conseguidos”.

Javier Sahade, director de la Revista La Pulseada (Obra del Padre Cajade), destacó el nivel de convocatoria de la radio abierta que se realizó en Plaza San Martín. “Vemos esta situación con mucha preocupación y estamos en estado de alerta”, expresó, y se refirió aleditorial de la última edición de La Pulseada, donde dieron a conocer el posicionamiento del medio.
 
Daniel Romero, coordinador de Radio Integración Boliviana (FARCO), contó la experiencia de su emisora: “Nos han hecho realidad un sueño que parecía que nunca íbamos a lograr”.


Aníbal Hnatiuk – abogado y militante de derechos humanos “Este avasallamiento es apenas un detalle desde el punto de vista jurídico, con respecto a lo que acaba de pasar: se nombraron dos jueces de la Corte por decreto (…) por lo tanto, evidentemente van por todo y no van a respetar ninguna garantía constitucional”. “Es un hecho inédito y antidemocrático”, agregó.


Desde Neuquén (cobertura de Radio Puel Mapu)

El periodista Roberto Samar, afirmó que “quieren silenciar el espíritu de la Ley de Medios”
 
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